La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha denunciado a cinco ayuntamientos catalanes por delitos de rebelión y sedición por haber aprobado una moción de apoyo a la resolución independentista del Parlament catalán, anulada este miércoles por el Tribunal Constitucional.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha denunciado a los ayuntamientos de Girona, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Igualada (Barcelona), Celrá (Girona) y La Seu d'Urgell (Lleida) por estos delitos y por los de "prevaricación, desobediencia, uso indebido de fondos públicos o usurpación de atribuciones". Los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu ya han abierto una investigación a estos dos últimos municipios.
La denuncia, remitida a partir de la información facilitada por la Guardia Civil, señala la necesidad de perseguir por la vía penal a quienes hagan "caso omiso" de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la resolución independentista o realicen "actos de ejecución de ese mandato ilegal o de apoyo al mismo por cualquier autoridad (sea local, provincial o autonómica), o por particulares".
En su denuncia, Zaragoza solicita reclamar con urgencia a los ayuntamientos certificación de la resolución adoptada, identidad de los miembros del Consistorio que votaron a favor y en contra de la moción, así como otra documentación, y requerir al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra para que informe urgentemente sobre estos hechos.
Los jueces Pedraz y Andreu, en sus providencias admitiendo a trámite las denuncias, han acordado pedir a los ayuntamientos algunos documentos, pero no hacen mención a la solicitud hecha por la Fiscalía respecto a los Mossos.
En concreto, en su resolución sobre Celrá el juez Pedraz acuerda reclamar al Ayuntamiento la resolución adoptada por su Pleno, así como "los informes del secretario y del interventor, actas y demás documentación obrante en el expediente".
Las denuncias se basan en la suspensión del TC
Las denuncias del fiscal se basan en la decisión adoptada el pasado 11 de noviembre por el Tribunal Constitucional de suspender la declaración parlamentaria de independencia, "requiriendo a los miembros de la Mesa de la Asamblea Legislativa y a los miembros del Gobierno de la Generalitat para que impidan o paralicen cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada", recuerda Zaragoza.
Por ello califica de delictiva la "adopción de nuevos acuerdos parlamentarios de la misma naturaleza haciendo caso omiso de la decisión del Tribunal Constitucional, o la realización de actos de ejecución de ese mandato ilegal o de apoyo al mismo por cualquier autoridad, corporación o funcionario público (sea local, provincial o autonómico), o por particulares".
La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional es competente para conocer estos hechos por tratarse de delitos contra la forma de gobierno, que incluyen "la ejecución de los actos constitutivos de rebelión y sedición cuando la finalidad o el propósito de los mismos sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional".
Tras la aprobación de la resolución independentista por parte del Parlament catalán, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya dio instrucciones a las fuerzas de seguridad -incluidos los Mossos- para vigilar que no se viole la legalidad respecto a esta resolución, ya que ello conllevaría delitos de los que es competente este tribunal.