El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha incluido este martes en su orden del día la impugnación del Gobierno contra la resolución independentista del Parlament después de que su presidente, Fancisco Pérez de los Cobos, haya obtenido un amplísimo consenso entre los magistrados para anularla esta semana, antes de que arranque la campaña de las elecciones generales del 20 de diciembre.
Fuentes del alto tribunal han informado a Efe de la decisión de incluir esta cuestión en el orden del día del Pleno, que se está celebrando ya, y de que en las últimas jornadas el presidente y el ponente de la sentencia, Andrés Ollero, la han debatido informalmente con los otros magistrados hasta alcanzar un acuerdo que conducirá a la anulación.
Las mismas fuentes han señalado que la suspensión cautelar de la resolución adoptada por el TC el pasado 11 de noviembre pierde ahora sentido ante la decisión definitiva.
Obligación de obedecer al alto tribunal
Sí es posible, dicen las mismas fuentes, que los fundamentos de la sentencia incluyan alguna referencia a la obligación de obedecer al alto tribunal que tienen las personas afectadas por su fallo, 21 altos cargos catalantes, entre ellos Artur Mas y Carme Forcadell, a los que se advirtió de que podrían incurrir en responsabilidades penales si no acataran su decisión.
Ambas decisiones fueron adoptadas en el auto del tribunal de garantías que admitía a trámite la impugnación presentada por el Gobierno contra la propuesta.
Aquel auto perderá ahora validez por cuanto el alto tribunal adoptará una resolución definitiva sobre el asunto, si bien la inclusión de una advertencia sobre la obligación de obedecer al alto tribunal a las personas afectadas sigue vigente.
La decisión del TC se notificó de manera personal al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas; a los miembros de su Gobierno; a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell; a los integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica, y al secretario general del Parlament, Pere Sol.
El Gobierno había pedido en su impugnación que se les apercibiera de suspensión en sus funciones y de delito de desobediencia si no cumplen el mandato del TC y los magistrados advirtieron de las responsabilidades, incluso penales, que acarrearía ese incumplimiento.
El Govern ve intacto el "efecto político" de la resolución
La vicepresidenta del Govern, Neus Munté, ha afirmado este martes que la decisión que tome el TC sobre la resolución independentista aprobada por el Parlament no cambiará "sus efectos políticos".
En rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha dicho que el Govern espera que el miércoles "llegue la suspensión" definitiva en una sentencia del TC, que volverá a reunirse en pleno el miércoles.
Munté ha afirmado que el Gobierno central, mediante el TC, va poniendo trabas a los acuerdos, declaraciones políticas y leyes que aprueba el Parlament, pero se ha comprometido a "seguir trabajando para dar cumplimiento al mandato" que considera que salió de las elecciones catalanas.
Ha esquivado pronunciarse sobre la celeridad del TC a la hora de decidir abordar la resolución, afirmando que "los tiempos los domina el Gobierno", y ha asegurado que no le sorprenderá que la suspensión definitiva acabe llegando.
Por todo ello, la vicepresidenta del Ejecutivo catalán en funciones ha dicho que el tribunal está "totalmente deslegitimado" pero que, pese a ello, tienen que seguir apelando a él, tal y como ha hecho el Parlament a través de la Mesa cuya mayoría está en manos de Junts pel Sí.