Las grandes empresas deberán acreditar que cumplen con el periodo medio de pago a sus proveedores al defender su solvencia en las licitaciones de contratos públicos, según un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros que modifica la ley de contratos del sector público.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado esta "importante medida" que persigue "reducir la morosidad en el sector privado" que perjudica a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. El período máximo de pago en el sector privado es de 60 días.
La modificación legislativa se realiza para adaptarse a las directivas comunitarias. Así este real decreto modifica la Ley de Contratos del Sector Público, para incluir el periodo medio de pago a proveedores de grandes empresas como elemento acreditativo de su solvencia económica y financiera cuando concurre en un proceso de contratación con las Administraciones Públicas (AA.PP).
Mejorar el pago a pymes y autónomos
La vicepresidente insistió en que el objetivo de esta medida es "mejorar el pago a pymes y autónomos en el sector privado por parte de las grandes empresas".
En este sentido, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha añadido que esta medida "va a favorecer realmente que las grandes empresas reduzcan los plazos de morosidad si quieren contratar con las administraciones públicas".
Montoro ha defendido que la lucha contra la morosidad ha sido "uno de los grandes objetivos" del Gobierno durante esta legislatura.
Este real decreto también incorpora otra medida para movilizar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en favor también de las pymes, ha dicho la vicepresidenta.
Los autónomos celebran la medida
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) celebra la medida sobre la morosidad como "un gran paso en la lucha contra esta lacra", según ha señalado su presidente, Lorenzo Amor.
En su opinión, no habrá "real afianzamiento de la recuperación" hasta que no se ponga fin al problema de la morosidad. Además, ha asegurado que en la contratación pública había numerosas empresas que cobraban de la Administración a 30 días y pagaban a sus proveedores a cinco meses.
Asimismo, desde ATA han hecho hincapié en que pese a los esfuerzos del sector público, cada vez hay más morosidad por parte del sector privado y de las grandes empresas, hasta situarse en 85 días, frente a los 60 que establece la ley.
"Puente de liquidez" para los ayuntamientos
Por otro lado, se ha aprobado un sistema de financiación especial para los ayuntamientos que se encuentran más endeudados, para que puedan recibir un préstamo para destinarlo al pago a proveedores y dando prioridad también a los abonos pendientes con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
El ministro de Hacienda ha señalado que, a partir de junio de 2016 "unos 270 ayuntamientos, algunos de grandes ciudades de España", podrán beneficiarse de este "puente de liquidez", que cuenta con un presupuesto total de 593,8 millones de euros.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado si no se solucionan los problemas financieros de algunas entidades locales hay riesgo de quiebra, con lo que sus vecinos dejarían de disponer de servicios tan esenciales como la recogida de basuras, la luz o el suministro de agua.
Este real decreto ley aprueba conceder anticipos de la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado de 2016, cuyo importe máximo será el que recibieron a cuenta por este concepto en 2015. Estos anticipos deberán dedicarse obligatoriamente a cancelar obligaciones pendientes con proveedores y contratistas con el fin de reducir el periodo medio de pago a un máximo de 30 días.
Las entidades locales deberán devolver este dinero con operaciones de préstamo que se formalizarán en junio de 2016 con cargo al Fondo de Ordenación del Fondo de Financiación a Entidades Locales, financiado a 10 años. Con ese dinero, deberán atender también la ejecución de sentencias firmes y el pago de deudas públicas pendientes con Hacienda y la Seguridad Social.
Aquellos ayuntamientos en riesgo y que se hayan adherido a este fondo podrán solicitar además, con carácter excepcional, antes de 15 de octubre, la formalización de préstamos a su cargo, para cancelar las deudas con la Agencia Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta medida podría suponer como máximo la cobertura de 212 millones de euros.