El empresario José María Ruiz-Mateos ha muerto este lunes a los 84 años de edad en un hospital del Puerto de Santa María (Cádiz), donde estaba ingresado desde mediados de agosto, cuando sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera. Su estado de salud, que era muy delicado desde hacía meses, se complicó por una neumonía.
Sobre el empresario jerezano pesaban varias acusaciones de estafa, insolvencia punible y fraude a la Hacienda pública, en las que también estaban implicados, presuntamente, varios de sus 13 hijos.
Nacido Rota (Cádiz) en 1931, donde será enterrado este martes, Ruiz-Mateos fue el creador del holding Rumasa, expropiado el 23 de febrero de 1983 por el Gobierno de Felipe González.
La decisión de expropiar Rumasa -uno de los mayores conglomerados empresariales del país, con 700 empresas, 65.000 trabajadores y una facturación de 350.000 millones de pesetas- se adoptó en forma de decreto ley el 23 de febrero de 1983, con Miguel Boyer como ministro de Economía y Hacienda.
Rumasa, 20 años después ue los
A 31 de diciembre de 1982, el déficit del grupo alcanzaba los 346.000 millones de pesetas, según los peritos judiciales, por lo que tras la expropiación se puso en marcha un plan de saneamiento. Concluido ese proceso, empezó la privatización que terminó en noviembre de 2002, cuando la Sociedad de Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió las últimas seis fincas del antiguo grupo.
A partir de la expropiación del grupo se inició una larga lucha judicial y personal entre Ruiz-Mateos y el Gobierno, con episodios rocambolescos, como el famoso puñetazo a Miguel Boyer en mayo de 1989. El incidente, con la famosa frase del empresario 'que te pego, leche', se produjo a la salida del juzgado de instrucción número 7 de Madrid.
Ruiz Mateos golpea a Boyer
En 1997 la Audiencia Nacional absolvió al empresario y al resto de acusados por el caso Rumasa, aunque consideró probadas falsedades e impagos de impuestos. El Supremo la confirmó en 1999.
El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo avalaron tanto la expropiación como las reprivatizaciones. El Tribunal de Estrasburgo sentenció que en el proceso de expropiación se violó el derecho de Ruiz-Mateos a ser oído, pero negó cualquier indemnización. En 2001, el Supremo confirmó los criterios de valoración utilizados en la expropiación y fijó el justiprecio a pagar a Ruiz-Mateos en cero pesetas.
Creó Nueva Rumasa, que también quebró
José María Ruiz-Mateos constituyó un partido político (Agrupación Ruiz-Mateos), con el que fue elegido diputado al Parlamento Europeo. Y en 1991 se convirtió en propietario del Rayo Vallecano.
Además, creó un nuevo holding, Nueva Rumasa, con aproximadamente 16.000 trabajadores. En plena crisis económica, Nueva Rumasa inició en febrero de 2009 varias emisiones de pagarés en empresas del Grupo en las que garantizaba intereses de hasta el 12%: las emisiones se destinaron, entre otras cuestiones, a mantener "el alto nivel de vida" de la familia de José María Ruiz-Mateos, según la Audiencia Nacional.
El 17 de febrero de 2011, diez de sus mayores empresas (Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Quesería Menorquina y Rayo Vallecano) se acogieron al procedimiento especial concursal y Ruiz-Mateos fue denunciado por estafa en la compra de dos hoteles en Mallorca.
En ese mismo año, la familia Ruiz-Mateos anunció la venta de la mayoría de las empresas de Nueva Rumasa al grupo Back in Business, detrás del cual se encontraba Ángel de Cabo, condenado por el caso Viajes Marsans.
Durante los últimos años, la salud del patriarca de la familia Ruiz-Mateos se vio muy deteriorada. De hecho, el pasado 18 de junio, José María Ruiz-Mateos ingresaba en el hospital madrileño Gregorio Marañón de Madrid tras pasar su primera noche en la cárcel Soto del Real por orden judicial al no presentarse a declarar en Valladolid por un presunto fraude fiscal de ocho millones de euros presuntamente cometido por el propio Ruiz-Mateos y uno de sus hijos, José María Ruiz-Mateos Rivera.
Ocho días después, el 26 de junio, el empresario jerezano fue puesto en libertad por resolución del juez. La excarcelación se produjo en respuesta a una petición del equipo jurídico del abogado, que había recurrido el decreto de prisión y solicitado la suspensión de la pena ante la "enfermedad muy grave con padecimientos incurables" de su defendido. Según varios informes, presentaba un deterioro de su habilidad cognitiva y funcional.