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Agentes forestales, ecologistas, oposición y sindicatos rechazan la Ley de Montes

  • Han protestado frente al Congreso de los Diputados, que tramita la ley

  • Critican que los forestales perderán potestad para investigar ilícitos penales

  • El pleno debate este jueves peticiones de retirada de la ley de la oposición

EFE

Representantes de agentes forestales, organizaciones ecologistas, sindicatos y partidos políticos se han manifestado este jueves ante el Congreso de los Diputados para expresar su "rechazo total" a la modificación de la Ley de Montes, que consideran perjudica la defensa de este entorno y la labor de los propios agentes.

El pleno del Congreso debatía y votaba este jueves las enmiendas de totalidad del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV y ERC, BNG y Amaiur, del grupo mixto, que pedían la retirada del texto del Gobierno.

Cambios para los agentes forestales

Luis Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Agentes Forestales, ha asegurado que de aplicarse la Ley de Montes "se acabará con su potestad para investigar ya que nos atarían de pies y manos".

En la actualidad existen 6.400 funcionarios que ejercen como agentes de protección del entorno forestal, un colectivo "que lleva más de 140 años protegiendo y velando el patrimonio medioambiental para el disfrute de los ciudadanos".

Según Díaz, la aplicación de la reforma supondría que la investigación de ilícitos penales "contra la ordenación del territorio o de protección de la biodiversidad" correría a cargo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, algo que supondría una "duplicidad de costes".

La Asociación Nacional de Agentes Forestales ha anunciado que ha adoptado acciones legales y está a la espera de la respuesta de los informes jurídicos que remitió a la Comisión de Interior; además, tiene previsto denunciar su situación ante el Defensor del Pueblo europeo y estudia interponer un recurso de inconstitucionalidad de la ley.

Abandono de zonas forestales

Theo Oberhuber, coordinador de campañas de Ecologistas en Acción, ha calificado el proyecto de ley de "retroceso muy grave en la maquinaria de protección del entorno" y ha denunciado que "se quiere fomentar el abandono de las zonas forestales" al impedir que los agentes desempeñen su trabajo, cuando son la "primera línea de defensa ambiental sobre el terreno".

Por ello ha resumido la reforma de García Tejerina como "una ley innecesaria, negativa y que en ningún caso favorecerá el medio ambiente".

Entre los políticos que se han sumado a la protesta figura Juantxo López de Uralde, portavoz de Equo, quien ha afirmado que no es una propuesta de ley "casual", sino parte de una "estrategia" del grupo parlamentario popular para "laminar" la protección del medio ambiente.

"Una por una han ido tumbando las leyes que garantizaban la protección medioambiental, como la de costas o la de acceso a la información ambiental. Además, se ha permitido el fracking y ahora están destruyendo derechos del medio ambiente en favor de la especulación en el monte", ha advertido López de Uralde.

El portavoz de Equo ha añadido que con esta actitud el Gobierno está "dando la espalda a la crisis ecológica que es una realidad en España".

Por su parte, el secretario general del sindicato profesional de UGT, Rubén Paz, también ha lamentado que con la aprobación de la Ley de Montes se "privatizará la seguridad ambiental", con agentes forestales "relegados" a auxiliares de los cuerpos de seguridad estatal.

"Seprona cuenta solo con unos 1.800 agentes dedicados al medio ambiente", por lo que esta ley "reduciría dos tercios la protección del entorno" cuando "podría unirse la labor de los agentes forestales y con los de las fuerzas de seguridad y alcanzar los 10.000 profesionales" destinados a proteger el medio ambiente en España.

Francisco Javier Cabezos, representante de Comisiones Obreras, ha incidido también en "los artículos que privatizan las labores de seguridad de los montes" según la reforma legal, así como en el hecho de que "los agentes forestales ya no tendrán capacidad para investigar y perseguir los delitos contra el medio ambiente".