El fiscal ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que se haga cargo de la parte del sumario de los ERE en Andalucía que afecta a personas aforadas, entre las que destacan los expresidentes de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La juez Mercedes Alaya envió en agosto al Supremo una exposición razonada señalando la existencia de indicios para imputar a nueve personas aforadas.
El Supremo pidió informe a la Fiscalía a este respecto y ahora el Ministerio público ha pedido al Alto Tribunal que se encargue de la causa sobre los cinco aforados nacionales, además de recomendar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ocupe de los cuatro aforados autonómicos.
Así, el fiscal considera que la Sala Segunda del Tribunal Supremo debe investigar a Manuel Chaves, José Antonio Viera y Gasparo y Gaspar Zarrías en su calidad de diputados del Congreso, y Mar Moreno y José Antonio Griñán en su calidad de senadores, según una nota de la Fiscalía del Estado.
Griñán y Chaves fueron presidentes de la Junta y el resto de los aforados nacionales -senadores o diputados- fueron consejeros de la Junta de Andalucía.
En cuanto a los aforados que son parlamentarios autonómicos, la fiscalía cree que deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que se encargue de la causa. Se trata de Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio, todos ellos exconsejeros de la Junta.
Indicios de delito para la Fiscalía
Aunque la Fiscalía es clara sobre la competencia de los dos tribunales citados, es ambigua, al menos según la nota difundida por su servicio de prensa, en cuanto a la existencia de indicios de delito: "una vez nombrado el instructor", dice la nota, "deberá practicar diligencias que permita valorar jurídicamente las conductas de los investigados".
En su escrito el acusador público reitera "la postura expresada en reiteradas ocasiones por la Fiscalía Anticorrupción a la juez instructora sobre la conveniencia de dividir la causa principal en diversas piezas separadas, ya que las conductas de los aforados pueden ser analizadas de forma separada", dice también la nota de prensa divulgada por la Fiscalía del Estado.
"La Fiscalía considera que nada impide que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asuma la investigación en lo referido a los aforados autonómicos, cuatro personas que citaba la juez Alaya en su exposición razonada", añade.
"Esta es la única forma, en opinión del Ministerio Público, de terminar este procedimiento en un plazo razonable de tiempo", concluye.
El Supremo deberá decidir si abre una causa
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deberá reunirse ahora y deliberar sobre si efectivamente debe abrir una causa contra las personas aforadas.
Nada más conocerse que Alaya había elevado este caso al Supremo, Chaves y Griñán expresaron su deseo de declarar voluntariamente en el alto tribunal.
El sumario de los ERE, que con sus 201 imputados ya ha superado al caso Malaya de Marbella en número de acusados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre 2000 y 2010, aunque el pasado 15 de julio la juez acordó ampliarlo a las subvenciones de 2011 y de 2012.