La Comisión Europea considera que las ventajas fiscales concedidas por Irlanda a Apple desde 1990 podrían ser ayudas públicas ilegales. Bruselas ha pedido más información a Dublín y, si se confirma su evaluación preliminar, exigirá que el gigante tecnológico estadounidense reembolse estas ayudas, aunque las anteriores a 2003 ya han prescrito.
Bruselas ha publicado el documento sobre su decisión de investigar las ayudas de Irlanda a Apple, que se aprobó el pasado mes de junio. La publicación abre un periodo de un mes para que todas las partes interesadas presenten sus observaciones sobre el caso.
Según la evaluación preliminar, con las decisiones tributarias que aplican a la empresa de la manzana desde hace más de 20 años, "las autoridades irlandesas confieren una ventaja a Apple" que además "se concede de forma selectiva". "En esta fase, la Comisión no tiene ninguna indicación de que la medida impugnada pueda considerarse compatible con el mercado interior".
“Ventajas fiscales motivadas por consideraciones de empleo“
Bruselas señala que las ventajas fiscales de las que se benefició Apple "habrían estado motivadas por consideraciones de empleo, lo que no es un razonamiento basado en el principio de trato en condiciones de igualdad", según indica el documento.
Por otro lado, la Comisión teme que las autoridades fiscales irlandesas aceptasen un cálculo del beneficio neto de las filiales de Apple (que es el elemento que determina la base imponible en Irlanda) sin "ningún tipo de razonamiento" por parte de la compañía.
Ayuda operativa no compatible con el mercado interior
El Ejecutivo comunitario "considera que la medida en cuestión parece constituir una reducción de las cargas que normalmente deberían ser asumidas por las empresas afectadas en sus negocios y por tanto debe considerarse una ayuda operativa", apunta la decisión.
Esta ayuda "no puede considerarse compatible con el mercado interior en la medida en que no facilita el desarrollo de ciertas actividades o de ciertas áreas económicas. Además, los incentivos en cuestión no están limitados en el tiempo ni son degresivos ni proporcionados a lo que es necesario para corregir un hándicap económico específico de las áreas afectadas", señala la Comisión.
"La opinión preliminar de la Comisión es que la decisión tributaria de 1990 (acordada efectivamente en 1991) y de 2007 a favor del grupo Apple constituye una ayuda estatal (...) La Comisión tiene dudas sobre la compatibilidad de esta ayuda estatal con el mercado interior", concluye la decisión de Bruselas de abrir la investigación en profundidad.
"Las autoridades irlandesas no han presentado ningún argumento que indique que algunas de las excepciones previstas en los artículos 107.2 y 107.3 del Tratado de la UE sea aplicable al presente caso", añade la CE.
El ministerio de Finanzas irlandés aseguró el lunes que no ha vulnerado las reglas de la UE en este caso y que a principios de mes ya envió una respuesta detallada a Bruselas. Dublín augura que la investigación durará "un periodo considerable de tiempo". Si finalmente la Comisión declara ilegal este régimen, Apple solo debería devolver las ayudas concedidas desde 2003 porque el resto están prescritas.