De negro, frente a un ataúd cubierto de libros y flores y portando una pancarta con el lema "Ley Lassalle, todos a la calle", artistas, intérpretes y cineastas han escenificado este martes en Madrid la muerte de la cultura en España que, a su juicio, supone la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).
La "ley Lassalle", como han bautizado los creadores a la LPI en referencia al secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, "da la puntilla al sector", ha afirmado en declaraciones a la agencia EFE Abel Martín, director general de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE), convocante del acto junto a la Unión de Actores.
Detrás de la pancarta, y a las puertas de la Secretaría de Cultura, se ha podido ver a decenas de profesionales del sector, como Aitana Sánchez Gijón, Álvaro de Luna, Juanjo Puigcorbé, Pilar Bardem, Melanie Olivares, Asunción Balaguer o José Luis Cuerda, que han rubricado las razones de su oposición a la nueva norma con gritos de "No a la ley Lassalle".
Los puntos claves de la ley resumirse en tres bloques: "revisar el sistema de copia privada", diseñar "mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual" y fortalecer los instrumentos de reacción "frente a las vulneraciones de derechos que permita el impulso de la oferta legal en el entorno digital", según detalla en su exposición de motivos.
La reforma de la LPI que se votará en el Senado el próximo 14 de octubre supondrá el "golpe definitivo" al sector cultural, ya debilitado por el incremento del IVA cultural y el descenso de la inversión, según han afirmado los convocantes, que portaban pancartas con lemas como "Sin cultura no hay riqueza" o "Sin cultura no hay marca España".
¿Quién crea y quién se beneficia de lo creado?
Y han calificado de "expropiación forzosa" el hecho de que la nueva norma implique una reducción cercana al 45% en el reparto de las entidades de gestión a sus socios, un punto que favorece "a las multinacionales tecnológicas, cadenas hoteleras y compañías telefónicas a costa de perjudicar a los creadores y a los consumidores en general", han dicho este martes los convocantes.
La LPI, en su actuales términos, "es la gota que colma el vaso del expolio cultural, una muerte lenta que está acabando con nosotros", ha explicado en declaraciones a EFE la actriz Aitana Sánchez-Gijón, vestida con una camiseta negra con el lema "leylassalleNo", que han utilizado hoy centenares de manifestantes.
"Somos creadores y propietarios de nuestro trabajo, un derecho que ya no se cuestionaba y sin embargo ahora ni siquiera percibimos lo que nos corresponde por ello", ha añadido Sánchez-Gijón.
¿Pagan los intermediarios o pagan los consumidores?
Los creadores han subrayado que la actual LPI refrenda el nuevo modelo de copia privada, por el que esta compensación se carga a los ciudadanos a través de los Presupuestos Generales del Estado, en lugar de a los fabricantes de teléfonos inteligentes, tabletas y demás dispositivos, un sector que, denuncian los manifestantes, factura 100.000 millones de euros en España y solo paga 1,2 millones en impuestos en España.
La reforma de la LPI incluye puntos para la mejora en el control de las sociedades de gestión, un aspecto que según el presidente de AISGE, "pone tantos palos en la ruedas de la gestión colectiva que la paraliza de hecho".
La nueva norma supondrá una merma de competitividad a la industria cultural española frente al resto de países comunitarios, según han afirmado hoy los creadores, que cifran en 25.000 los puestos de trabajo perdidos en el último año, mientras otros 400.000 corren "serio peligro", aseguran.
"La industria no está en peligro, está en quiebra", ha explicado a EFE el director de cine José Luis Cuerda, para quien la LPI "está consiguiendo llevarnos al pasado de una manera eficacísima, y lo peor es la moral que la impregna, que se añade a la máquina que está machacando todo el sector cultural, básico para crear conciencia y para la existencia intelectual y moral".
La concentración ha concluido con sus protagonistas depositando flores en el "ataúd de la cultura" y un llamamiento al debate y al diálogo, en el que se ha reclamado la "implicación directa" de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría", en la redacción final de la LPI.