La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que dos exconsejeros andaluces y una decena de altos cargos concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE y "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido".
En el atestado sobre las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, notificado este martes, la Guardia Civil señala la "participación esencial" en el mantenimiento de las ayudas investigadas que tuvieron los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como el exconsejero Francisco Vallejo cuando era presidente de la agencia andaluza IDEA.
La UCO también señala al parlamentario socialista andaluz José Caballos y a otras nueve personas que tuvieron responsabilidades públicas y ocuparon altos cargos por haber "favorecido" o "permitido" la concesión de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla y en particular las concedidas a la estructura societaria vinculada al "tándem" formado por José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, y José María Sayago.
Los altos cargos señalados, según el atestado, incumplieron su obligación de proteger los recursos públicos "y los principios de objetividad, eficacia y satisfacción de los intereses generales" e impidieron "que esas ayudas se hubiesen empleado en la creación y mantenimiento del empleo".
El texto menciona, además de a los aforados, a los exviceconsejeros del ramo Agustín Barberá y Justo Mañas; a los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez; a los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Miguel Angel Serrano, y al exgerente provincial del IFA en Sevilla Manuel Enrique Contreras.
"Participación esencial"
En relación con los aforados, y analizando en primer lugar el papel de Viera, los agentes señalan que el exconsejero de Empleo "pudo tener una participación esencial en la consecución" de las ayudas, considerando que "debía de conocer que los fondos pertenecientes a la partida presupuestaria 31.L, de los que se disponía de forma discrecional bajo su responsabilidad, carecían de la fiscalidad exigida", lo cual "habría permitido que en la tramitación de las subvenciones a favor del tándem Rosendo-Sayago y al resto de ayudas concedidas en la Sierra Norte se prescindiera total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
Asimismo, "se considera que pudo haber facilitado la concentración de las ayudas en la Sierra Norte por decisiones de diferentes índoles", de manera que "como consecuencia de estas decisiones esta comarca obtuvo ayudas por importe total de 55.760.497,75 euros", a lo que se suma que "pudo haber propiciado importantes ayudas para esta zona geográfica con objeto de favorecer, desmesuradamente, a empresarios con los que se relacionaba y personas con las que mantenía afinidades políticas", entre las que se encontraban Rosendo y Sayago.
En esta línea, aseveran que "todas estas relaciones e intereses, de ámbito personal y avivadas quizás también por afinidades políticas, tuvieron que propiciar que Viera, como superior de Guerrero, le diera a éste las instrucciones oportunas para que la sucesión de estas subvenciones se materializaran de forma ininterrumpida, incluso para que las mismas continuasen cuando Viera abandonara la Consejería".
Los convenios a favor de Rosendo-Sayago
La UCO también considera que Viera "pudo ser responsable de la concentración de ayudas a las empresas manejadas por el tándem Rosendo-Sayago", quienes "como consecuencia de estas decisiones" obtuvieron ayudas por importe de 32.670.702,58 euros.
Los agentes recuerdan que Guerrero "señaló que el máximo responsable de estas ayudas" fue Viera, quien "le dijo" que las mismas "tenían que salir adelante" y que "había que apoyar este proyecto --Matadero de la Sierra Morena-- así como a todas aquellas empresas que 'colgaban' de Matadero, o lo que es lo mismo, 'a todas las empresas relacionadas con Sayago y Rosendo'".
Asimismo, Guerrero "matizó que ningunas de las ayudas a este grupo se denegaron durante el tiempo que fue Viera consejero, a pesar de que, al parecer, el propio Guerrero" y el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas "pusieron reticencias a Viera sobre la concesión de estas ayudas en una reunión en la cafetería del Parlamento andaluz".
La UCO, asimismo, asevera que "también es significativo el hecho de que en una de las sesiones" del Consejo Rector del IFA que presidió Viera se aprobaron convenios de ayudas por más de nueve millones de euros a favor de las sociedades controladas por Rosendo y Sayago, precisando que "entre estas sociedades", y en concreto en Marco de Estudios, "se encontraba la empresa en la que su propia hija, Sonia Viera, figuraba en ese momento como trabajadora".
De hecho, señalan que durante el tiempo en que Viera fue máximo responsable de la Consejería de Empleo "se emitieron a favor de las empresas controladas por Rosendo y Sayago resoluciones de ayudas por importe de 16,9 millones, se suscribieron convenios de colaboración con IFA por importe de 13,2 millones y se realizaron pagos por importe de 10,7 millones".
Así, los agentes indican que de los 24 convenios suscritos a favor de las empresas de Rosendo y Sayago, 20 se efectuaron siendo Viera responsable de IFA y su hija trabajadora de este grupo.
Respecto a Vallejo, la UCO señala que "podría haber conocido de la sucesión" de las ayudas, ya que "durante el tiempo que fue presidente de la agencia IDEA se suscribió un convenio de colaboración de ayuda a favor de Matadero de la Sierra Morena por importe de 1.150.000 euros", ayuda que "fue aprobada en sesión del Consejo Rector presidida por Vallejo el 26 de marzo de 2008", a lo que se suma que "durante el tiempo que preside IDEA se realizaron pagos por importe de 6,1 millones a favor de las empresas investigadas".
Sobre José Caballos, los investigadores dicen que, "a juicio policial, se deduce que podría haber conocido la consecución de estas ayudas y el trato de favor que estaban recibiendo los investigados por parte de la Consejería de Empleo".
El papel de Antonio Fernández
Asimismo, la Guardia Civil atribuye parecidas implicaciones a las de Viera al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, señalando que, "durante el tiempo que fue viceconsejero y posteriormente consejero de Empleo, se concedieron todas las ayudas al grupo de empresas de Rosendo y Sayago", considerando que "del estudio de las actas de las sesiones del Consejo Rector de IFA se puede afirmar que tuvo una más que notable intervención en la aprobación de estas ayudas".
La UCO recuerda que, según Guerrero, aunque Antonio Fernández "no tenía interés en este grupo empresarial, se mostró favorable a completar el planning de las ayudas a este grupo empresarial porque así lo había ordenado Viera", mientras que los agentes consideran igualmente que Fernández "fue el máximo responsable de que estas ayudas se prolongasen en el tiempo tras la marcha de Guerrero de la Dirección de Trabajo, completando las ayudas comprometidas a Matadero de la Sierra Morena y Al Ballut Dehesas".
También asegura la Guardia Civil que Fernández "debía ser plenamente consciente de las importantes irregularidades existentes en las ayudas concedidas al tándem Rosendo-Sayago, a través de la investigación interna realizada por la propia Dirección de Trabajo y a través del informe de PriceWaterhouse en mayo/julio de 2009", por todo lo cual "sería responsable de no haber dado las pertinentes instrucciones para el reintegro de las ayudas concedidas con total arbitrariedad y para la puesta en conocimiento de tan importantes ilícitos a la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal".
La UCO concluye su atestado señalando que "el desvío de fondos públicos a favor de este grupo ha supuesto un grave detrimento a las arcas públicas andaluzas, hechos que incluso se advirtieron, aunque parezca curioso, por el propio Guerrero al inicio de la concentración de estas ayudas en una reunión de la cafetería del Parlamento, según él mismo declara".
La documentación del ERE de Mercasevilla
Por otro lado, el atestado de la Guardia Civil sobre el ERE de Mercasevilla dice que la Consejería de Empleo de la Junta, al descubrirse el caso, no envió al juzgado "ni mucho menos toda la documentación obrante en el expediente, sino que se montó un expediente ex profeso".
En dicho atestado, la UCO recoge que la subvención a Mercasevilla se concedió "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, lo que ha supuesto una menor fiscalización y una mayor arbitrariedad en su adjudicación".
El ERE de Mercasevilla fue el primero en el que se detectaron irregularidades que posteriormente llevaron al caso que instruye la juez sevillana Mercedes Alaya, que ya se extiende a dos centenares de ayudas y 151 imputados.
La Guardia Civil explica que, al conocerse el primer "intruso" en Mercasevilla, se reunieron en noviembre de 2010 el entonces Consejero de Empleo Manuel Recio, el viceconsejero Justo Mañas, el entonces director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y otros altos cargos para revisar todos los expedientes pendientes de pago.
El instituto armado afirma que Rivera "ordenó revisar el expediente de Mercasevilla para mandarlo al juzgado" pero, según la funcionaria María José Rofa, "al juzgado no se envió ni mucho menos toda la documentación obrante en el expediente de Mercasevilla, sino que se montó un expediente ex profeso".
La UCO afirma que la Junta pagó en los diferentes ERE de Mercasevilla unos excesos de comisión de 635.573, 96.840 y 76.791 euros. El atestado recoge que en el ERE de 2003 se incluyeron tres trabajadores que no cumplían el requisito de edad, pero tanto el presidente del Comité de Empresa, Rafael Domínguez, como el exgerente del mercado Fernando Mellet "les instaron a adherirse, informándoles de que la fecha para tener cumplidos los 50 años se había prorrogado".
En el ERE de 2007 se incluyó como "intruso" al "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas, lo que según la Guardia Civil "no puede corresponder sino a un intento de pagar parte de su comisión por su mediación ante la Junta de Andalucía para que financiase las prejubilaciones".
Lanzas y su esposa fueron también incluidos en el ERE de la empresa Hitemasa y sus dos cuñados como "intrusos" en el de Dhul.
En el ERE de 2007 de Mercasevilla se incluyó también como "intruso" a Antonio Garrido Santoyo, dirigente del PSOE de Jaén y extrabajador de Coosur, a quien se asignaron unas rentas de 441.961 euros y de quien la Guardia Civil afirma que tanto él mismo como Lanzas "han admitido que se conocen desde hace muchos años".