La juez que investiga el caso de los ERE falsos, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de más de 3,3 millones de euros a Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla.
La juez, en un auto al que ha tenido acceso Efe, impone a Rivas esa fianza por su "conocimiento y participación activa" en los expedientes de Morell, Intersur, Samec y Surcolor.
Además impone diversas cantidades como fianza a tres ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo: 33 millones a Juan Francisco Sánchez, 5 millones a Javier Aguado Hinojal y un millón a Lourdes Medina.
Un día de plazo para abonar las fianzas
La juez concede a todos ellos un día de plazo para que abonen las fianzas impuestas, "ordenándose el embargo de bienes --previa relación de bienes efectuadas por los inculpados, quienes serán requeridos al propio tiempo-- para cubrir dichas responsabilidades si en dicho plazo la fianza no se constituyere".
En otra resolución, la juez instructora acuerda archivar las diligencias respecto a dos empleadas de la aseguradora Vitalia de las que no considera demostrado su control sobre los hechos presuntamente delictivos.
En cambio, acuerda continuar las actuaciones contra el hijo del dueño de la aseguradora Uniter, imputado al igual que en el caso de Vitalia por las presuntas sobre comisiones que se cobraban en los ERE.
Rivas se acogió en febrero a su derecho constitucional a no declarar después de que la magistrada Mercedes Alaya le imputara tres delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Para fijar las respectivas fianzas civiles, la instructora tiene en cuenta el 'fumus bonis iuris', el cual "tan sólo exige la apariencia de antijuricidad de los hechos realizados por los inculpados", apariencia "que resulta con claridad de los hechos que fueron extensamente expuestos en sus respectivas imputaciones judiciales antes de sus declaraciones, de las que cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran resultar condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan".
La juez considera que autorizaría los ERE
Rivas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza civil de 5.579.696 euros, fue delegado de Empleo de la Junta en Sevilla entre el 31 de mayo de 2000 y el 20 de abril de 2010 y la juez le imputa que, como autoridad laboral competente, "autorizaría un considerable número de ERE que recibirían subvenciones sociolaborales" de la Dirección General de Trabajo "con total ausencia de procedimiento", lo cual sería conocido por el imputado "pues era evidente que ni siquiera existían unas bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial".
"Gran parte de estas ayudas, conociendo y aprovechando Rivas el carácter discrecional de concesión, fueron comprometidas previamente por él, quien de esta forma influiría en el otorgamiento de las mismas así como en la inclusión de ciertos 'intrusos'", dice la juez, que a continuación analiza el papel de Rivas en relación con los ERE de Intesur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox.
En relación al expediente de Calderinox, Alaya asevera que "resultan evidencias claras de la participación, o al menos el conocimiento, por parte del imputado en toda la tramitación del expediente relativo a los extrabajadores", mientras que "igualmente se deduce su interés en la tramitación de dicho expediente, pues a través del mismo se cubrirían los compromisos que asumió como presidente del Consejo Rector del Consorcio Escuela de Formación de Artesanos de Gelves (Sevilla)".
En cuanto al expediente de Aglomerados Morell, dice que la documentación analizada "arroja indicios del conocimiento y participación activa del imputado, junto con otros" como el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas "en todo lo relativo a los pagos que se realizaron a esta empresa con absoluta ausencia de procedimiento, todo ello para cubrir los supuestos compromisos asumidos por su parte con la familia Morell".
Sobre Intersur, la juez asegura que "la activa intervención e influencia de Rivas quedaría acreditada, no solamente por la vinculación personal y familiar con algunos de los 'intrusos', sino por el conocimiento por éste de la financiación de la póliza para los trabajadores", mientras que en relación al expediente de Surcolor Alaya también destaca "la vinculación personal" del exdelegado de Empleo con algunos de los 'intrusos'.
En virtud de todo lo anterior, la juez le impone una fianza civil de 3,3 millones de euros, "todo ello sin perjuicio de las variaciones que pueda experimentar la cantidad resultante en virtud del resultado de las diligencias de instrucción que se siguen practicando, en particular las relativas a Mercasevilla".
Fianzas para otros exsecretarios generales de Empleo
En un segundo auto, consultado por Europa Press, la juez impone fianzas civiles que suman 40 millones de euros a tres exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo.
La juez considera que Javier Aguado, que ocupó el cargo entre 1994 y 2000, fue "uno de los impulsores del sistema de concesión de ayudas sociolaborales prescindiendo del procedimiento legal, así como de la presupuestación de la partida 31.L para el pago de estas ayudas mientras estuvo en la Consejería de Empleo", mientras que Juan Francisco Sánchez --secretario general técnico entre 2000 y 2004-- fue "activo conocedor y partícipe del procedimiento seguido para la concesión y pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31.L y de su presupuestación a lo largo de la década investigada", llegando a tramitar hasta 12 modificaciones presupuestarias que ascendieron a 127,3 millones.
Respecto a Lourdes Medina, que ocupó dicho cargo entre 2008 y 2012, la instructora le impone una fianza civil de un millón "por su competencia en la elaboración del anteproyecto del Presupuesto de la Consejería de Empleo y su conocimiento de la Memoria Económica referida a 2009, en la que aparece descrito con claridad el objeto y contenido del programa 31,L, por su activa intervención en las modificaciones presupuestarias que hubo para incrementar el crédito de las transferencias de financiación, y en tercer lugar, por su indiciario conocimiento del objeto y alcance de la Encomienda de Gestión de 27 de abril de 2010".
Esta imputada, además, "en el último cuatrimestre de 2009 tendría conocimiento de la existencia de varios 'intrusos' y pólizas individuales y, pese a ello, omitiría poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial".
La juez insiste en que "por los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta se instauraría un sistema de concesión de ayudas sociolaborales prescindiendo del procedimiento legal de subvenciones a través de la instrumentación de IFA para el pago de las mismas", todo ello "mediante las transferencias de financiación".
Este sistema "se iniciaría en el año 2000 y perduraría durante una década, y desde el comienzo, sin contar con fiscalización previa ni bases reguladoras, fue absolutamente discrecional, repartiéndose millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical, bien para supuestas inversiones que no se controlaban, bien para la prejubilación de sus trabajadores".
Añade que este sistema, "siendo presuntamente ilegal, degeneró en mayores desviaciones a través de múltiples subvenciones concedidas a empresas sin actividad creadas para percibir tales ayudas o subvenciones individuales a personas cercanas a los círculos de poder o a aquellas que eran introducidas dentro de la póliza de prejubilación de trabajadores de una empresa sin haber pertenecido nunca a la misma o contratadas fraudulentamente muy poco tiempo antes de la aprobación del ERE para beneficiarse de la renta de prejubilación, que en todo caso financiaba la Junta".
"Esa financiación sin control, rápida y eficaz, presuntamente pasaría a ser desde el año 2000 uno de los instrumentos de la póliza económica de la Junta", asevera la juez.