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El PSOE e IU piden una comisión de investigación por la muerte de los 15 inmigrantes en Ceuta

  • El Congreso rechaza la dimisión del ministro del Interior, Jorge Fernández

  • Rubalcaba dice que "hay que saber qué pasó para que no se repita más"

  • La oposición pide la comisión tras concluir el plazo para ver las grabaciones

RTVE.es/EFE
4 min.

El PSOE ha dado por finalizado el plazo de 24 horas que dio este miércoles al Gobierno para que entregara en el Congreso las grabaciones de los sucesos de Ceuta, tras el asalto a la valla fronteriza entre la ciudad autónoma y Marruecos en el que murieron al menos 15 inmigrantes, y ha registrado ya la petición para que se cree una comisión parlamentaria de investigación, algo que también ha reclamado la Izquierda Plural.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, dio un ultimátum al Ejecutivo para que entregara en un plazo de 24 horas las cinco horas de grabación de la tragedia de los inmigrantes en Ceuta del pasado día 6.

El secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que "es necesario saber qué pasó para que no se vuelva a repetir". "Quince famillias merecen una respuesta, la sociedad quiere saber y la UE nos está mirando y qué mejor sitio que el Congreso de los Diputados para hacer una comisión de investigación", ha aseverado.

A juicio de Rubalcaba, "lo que no es posible es que nos enteremos de lo que pasó por vídeos que salen aquí y allí y que no sepamos si lo que ocurrió fue en aguas españolas o marroquíes".

Quieren esclarecer la actuación de responsables públicos

Con esta iniciativa, ambos grupos pretenden que se esclarezca también la actuación de los distintos responsables públicos para saber quién dio la orden de que se utilizara material antidisturbios y por qué no se prestó auxilio y asistencia a esas personas ni se avisó a Salvamento Marítimo.

Los socialistas desean que Fernández Díaz sea el primero en comparecer en esa comisión, a la que el Gobierno también debería remitir las grabaciones completas de los hechos. El ministro ya compareció en el Congreso donde reconoció que los agentes dispararon pelotas de goma al agua pero nunca contra los cuerpos de los inmigrantes.

El PSOE ha dado por finalizado el plazo de 24 horas que dio este miércoles al Gobierno para que entregara en el Congreso las grabaciones de los sucesos de Ceuta, tras el asalto a la valla fronteriza entre la ciudad autónoma y Marruecos en el que murieron al menos 15 inmigrantes, y ha registrado ya la petición para que se cree una comisión parlamentaria de investigación, algo que también ha reclamado la Izquierda Plural.

En su escrito de solicitud, el PSOE recuerda que el director general de la Guardia Civil y el delegado del Gobierno en ceuta negaron inicialmente que ninguno de los inmigrantes lograra acceder a territorio español y también se aseguró que la Guardia Civil no había intervenido.

Posteriormente, señalan los socialistas, se dijo que el uso de material antidisturbios sólo se había producido en la valla fronteriza y no en la costa.

El Congreso rechaza la dimisión del ministro de Interior

Por otro lado, el pleno del Congreso ha rechazado, con la abstención del PSOE y de UPyD, la dimisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la tragedia de Ceuta.

La dimisión había sido solicitada por la Izquierda Plural en una moción, consecuencia de interpelación, para pedir la retirada del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, en la que introdujo un nuevo punto para pedirla.

Tanto CiU, PNV y diputados del el Grupo Mixto han apoyado la moción de la Izquierda Plural, en tanto que el PP la ha rechazado y los grupos socialista y de UPyD se han abstenido.

Así, la moción, que se debatió en la sesión plenaria de este miércoles, no salió adelante por 170 votos en contra, 43 a favor y 102 abstenciones.

El pleno del Congreso tampoco ha aprobado el resto de los puntos de la iniciativa de Izquierda Plural, que solicitaba al Gobierno la retirada del anteproyecto de la ley de Seguridad Ciudadana y eliminar del proyecto de reforma del Código Penal la regulación que persigue, en su opinión, la criminalización de la protesta ciudadana como la elaboración de ficheros de asistentes a manifestaciones.

También reclamaba que se creara un protocolo que regule las actuaciones policiales en las protestas, que se establezca un procedimiento sistemático de investigación ante posibles extralimitaciones de los policías y que se garantizara que estos vayan identificados de forma clara y visible.

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