El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado este lunes prisión provisional incondicional y sin fianza por pertenencia a ETA para los ocho detenidos el pasado miércoles en el País Vasco y Navarra en la Operación Jaque contra el grupo de interlocutores de los presos de la banda terrorista.
El magistrado señala en su auto que el denominado "frente de cárceles" o "KT" no solo tenía "comunicaciones directas" con la dirección militar en la clandestinidad, sino que "contaba con un grado tal de autonomía en la gestión del destino penitenciario de los presos de la ETA, que le conformaba como un brazo operativo más de la ETA misma".
Velasco ha adoptado esta decisión a petición del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que pedía prisión al observar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas como se apreció el día de la operación cuando los detenidos trataron de deshacerse de material al filtrarse una nota de prensa sobre la operación antes de que esta se pusiera en marcha.
El juez de la Audiencia Nacional señala precisamente en su auto que este "posible error en la comunicación" alertó del registro a los imputados, que destruyeron pruebas. Tres de ellos intentaron huir del local antes de ser arrestados.
Velasco llega a la conclusión de que el KT pertenecen a ETA en el auto de prisión tras analizar la documentación intervenida en la Operación Jaque de la Guardia Civil así como en la que supuso la desarticulación de la plataforma de apoyo a los presos de ETA Herrira, que se saldó con 18 detenciones a finales del pasado septiembre y la suspensión judicial de sus actividades.
Instaron la manifestación prohibida
Precisamente, de los documentos incautados a Herrira, se desprende que la convocatoria de la marcha a favor de los presos de ETA realizada por el colectivo "Tantaz Tanta", y que finalmente fue prohibida, fue instada por el denominado frente de cárceles.
Ese colectivo siguió así las directrices de KT, que, a su vez, instó a Herrira "a continuar con sus responsabilidades hasta la consolidación de una nueva organización una vez se desarrolle la movilización 'nacional' a favor de los presos que estaba prevista para el 11 de enero" y que fue ilegalizada por orden de Velasco.
La manifestación se celebró finalmente ese sábado tras ser de nuevo convocada por el PNV y EH-Bildu y haberla permitido el juez Ismael Moreno, al considerar que se trataba de una nueva convocatoria y no observar que constituyera un delito de enaltecimiento del terrorismo.
Responsables del acto de presos
Velasco también responsabiliza al KT de organizar el acto del pasado 4 de enero en el café Atzokia de Durango (Vizacaya) en el que unos sesenta etarras excarcelados tras la anulación de la doctrina Parot valoraron el comunicado del colectivo de presos vascos (EPKK), en el que reconocían el "sufrimiento y daño multilateral" causado y aceptaban someterse a la legalidad penitenciaria de forma "escalonada" e "individual".
Según el juez, el órgano de ETA denominado "KT/Koordinazioa taldea" (grupo de coordinación) se encuentra integrado al menos desde 2013 por los ocho detenidos a los que ha enviado a prisión: Arantza Zulueta, Jon Enparantza, José Luis Campo, Aitziber Sagarminaga, José Miguel Almandoz, Egoitz López de la Calle, Asier Aranguren y Aintzane Orcolaga.
Se trata del enlace que permite la comunicación entre la dirección de ETA (Zuba) y sus militantes en prisión y de la documentación intervenida se desprende que en el KT estarían representados el propio EPKK "a través de miembros del KT y las organizaciones y colectivos del entramado de apoyo a los presos de ETA (Herrira, Etxerat, Jaiki Hadi y el 'colectivo de abogados-bl')".
Sin apoyo económico si abandonaban ETA
De tal forma que todo aquel preso que decida abandonar la disciplina de ETA o condenar su actividad deja de recibir el apoyo económico, jurídico, social y sanitario que recibía hasta ese momento.
ETA y los miembros del KT, destaca el auto, organizan una red de distribución de notas (rulos o canutillos en papel cebolla como el intervenido en el despacho de abogados de la calle Elcano en Bilbao) para el intercambio de comunicaciones entre ETA y los presos de esta organización en Francia y España.
De hecho, ha citado a declarar como imputada a Naia Zurriarain -quien ya fue detenida en 2010 junto a Zulueta en otra operación contra abogados de ETA- para el próximo día 16 de enero para que explique la introducción de un "canuto o rulo con instrucciones de ETA" en el centro penitenciario Sevilla II para el interno Asier Arzallus Goñi.
La dirección de ETA riñó al "frente de cárceles"
El auto del juez Velasco recoge un documento incautado a un miembro de Herrira, fechado en octubre de 2012, que recoge cómo la dirección de ETA riñó al "frente de cárceles" por fijar posiciones en los comunicados del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPKK) sin contar con su consentimiento, según recoge Europa Press.
Así consta en un documento denominado 'KTri 2010', en el que se señala que el Comité Ejecutivo de ETA (zuba) se dirigió "riñendo" al "rector" de los comunicados de los presos (presuntamente Zulueta) por adelantarse a la dirección en asuntos como el tratamiento que debía darse a las víctimas del terrorismo.
El documento también acusaba a este organismo de fijar posiciones por su cuenta sobre "la doctrina Parot, la negociación, las entrevistas del EPKK con los equipos de tratamiento penitenciario y las reuniones con agentes políticos y sociales".
El "error" de la filtración de la operación
El juez hace también referencia en su auto a la parte más polémica de esta operación, "el error acaecido" por la difusión anticipada de la nota del Ministerio del Interior informando de las detenciones media hora antes de que comenzaran.
Ello propició, indica el auto, que los detenidos en el edificio que alberga los despachos del senador y abogado Iñaki Goioaga y de Zulueta trataran de destruir pruebas y para ello "machacaron" un pendrive, escondieron otros en cojines, arrancaron ordenadores y tres de ellos intentaron huir.
Además, detectaron, quince minutos antes de la hora a la que se debía llevar a cabo el registro, "movimientos rápidos" de los asistentes, arrastre de muebles, cierre violento de puertas y "el intento de tres de los finalmente detenidos de huir del local mientras otros dos vigilaban la calle".
Por todo ello, el juez considera que las reuniones que allí celebraban eran clandestinas y "bajo la apariencia o cobertura de actividades falsamente profesionales o políticas" y que, además, todo indica que "este reducido grupo de miembros del KT, al margen de tener comunicaciones directas de la dirección de la ETA en la clandestinidad, contaba con un grado tal de autonomía" que era "como un brazo operativo más de la ETA misma".
Los arrestados se han negado a declarar
Tras la comparecencia de los ochos detenidos, que se ha prolongado una hora y tres cuartos, dado que se han negado a prestar declaración, el fiscal ha pedido prisión para todos ellos ante los indicios recabados, la posibilidad de que huyan y la posibilidad de que hagan desaparecer pruebas.
Poco antes de empezar las declaraciones, el diputado de Amaiur en el Congreso Jon Iñarritu ha reclamado a las puertas de la Audiencia Nacional "la inmediata puesta en libertad" de los ocho detenidos por integrar supuestamente el llamado "frente de cárceles" de ETA porque "su labor ha sido pública y exclusivamente política y civil a favor de la resolución del conflicto".
Los arrestos se produjeron cinco días después de que los etarras excarcelados por la anulación de la 'doctrina Parot' protagonizaran en Durango (Vizcaya) un acto de apoyo al colectivo de presos etarras al que acudieron Zulueta y Sagarminaga.
Grupo de interlocución con los presos de ETA
Todos ellos, salvo Almandoz -que estaba preso en Francia-, aparecen en la relación hecha pública en julio de 2012 con los 25 integrantes del grupo de interlocución con los presos de ETA, formado por personas ligadas a la izquierda abertzale, expresos y abogados, y cuyo objetivo era contactar con agentes políticos vascos e internacionales para tratar de buscar una solución a los reclusos de la banda terrorista.
La operación, que no ha estado exenta de polémica por la difusión con antelación de la nota del Ministerio del Interior informando de las detenciones, se culminó con el registro el viernes del despacho del senador de EH Bildu y abogado de presos de ETA, Iñaki Goioaga, en Bilbao para buscar documentación perteneciente a las personas detenidas.
El despacho de Goioaga quedó el pasado jueves precintado tras suspender la Guardia Civil el rastreo de la oficina al no haber sido posible su localización para estar presente en la inspección.
Goioaga, que es aforado por su condición de senador, tiene su oficina en el mismo edificio de la calle Elkano de Bilbao en el que se encuentra el despacho de la letrada Arantza Zulueta.