El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes de forma definitiva -por 596 votos a favor, 31 en contra y 65 abstenciones- una directiva cuyo objetivo es acabar con los abusos en la concesión de créditos hipotecarios y mejorar la protección de los consumidores frente a los desahucios en caso de impago.
Los Estados miembros contarán a partir de ahora con un plazo de dos años para incorporar esta directiva, la primera normativa europea en el ámbito hipotecario, a sus respectivas legislaciones nacionales. La Autoridad Bancaria Europea podrá investigar si los países vulneran las reglas o las aplican incorrectamente.
El pasado abril, la Eurocámara y Estados miembros alcanzaron un acuerdo provisional que recogía la exigencia de los eurodiputados de utilizar la dación en pago en los casos de familias en quiebra, y que ha servido de base para cerrar el texto aprobado este martes en el pleno.
Dación en pago y "buena información"
"Para muchas familias, una hipoteca es su mayor y más duradero compromiso financiero. Así que necesitamos estas reglas para avanzar hacia un mercado hipotecario de la UE que sea estable, integrado y, sobre todo, sostenible, con un alto nivel de protección para los consumidores, buena información y relaciones equilibradas entre prestamistas y prestatarios", ha dicho el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo, ponente parlamentario del texto.
La directiva impide que los Estados miembros se opongan a la dación en pago si las dos partes la acuerdan expresamente en el contrato de crédito.
Además, exige a los bancos que se muestren "razonablemente tolerantes" en el caso de clientes con graves dificultades de pago y que hagan "todos los esfuerzos razonables para resolver la situación" antes de iniciar un procedimiento de desahucio.
Mínimos "inembargables" en salarios y pensiones
Cuando un ciudadano deje de pagar la hipoteca, la norma exige que la propiedad se venda por el mejor precio posible y que el banco facilite el pago de la cantidad pendiente con el fin de evitar que los consumidores estén sobreendeudados durante largos períodos. Así, se prevén mínimos inembargables en salarios y pensiones.
La directiva obliga al banco a evaluar la capacidad del consumidor para reembolsar el crédito e introduce, por primera vez, estándares a nivel europeo. Si el resultado de la evaluación de solvencia es negativo, la entidad deberá denegar la hipoteca.
Los bancos tendrán que entregar a los clientes un folleto estandarizado de información sobre la hipoteca que, según Bruselas, les permitirá comparar ofertas e identificar la más barata y que más se ajusta a sus necesidades. El folleto deberá avisar de los riesgos asociados con la oferta, por ejemplo, si es de tipo variable o está contratada en una divisa extranjera.
Los consumidores se beneficiarán de una mayor competencia porque, en términos generales, la directiva prohíbe ligar la concesión de la hipoteca a la adquisición de otro producto financiero. No obstante, este vínculo se permitirá en algunos casos como cuando se trata de seguros o de productos de ahorro.
Los Estados podrán imponer una compensación "justa" para el banco
La directiva reconoce el derecho de los consumidores a reembolsar la hipoteca antes de su vencimiento. Y deja a los Estados miembros libertad para imponer el pago de una "compensación justa" al banco.
Los consumidores se beneficiarán de un plazo de tiempo garantizado de siete días antes de quedar vinculados por el contrato de hipoteca, mediante un período de reflexión, un derecho de desistimiento o ambos.
La nueva norma pretende además crear un mercado único hipotecario que sea más eficaz y competitivo. Para ello, se creará un pasaporte europeo que permita a los intermediarios de crédito autorizados en un Estado miembro ofrecer sus servicios en toda la UE, como ya ocurre por ejemplo con los fondos de inversión. Los intermediarios tendrán derecho además a acceder de forma no discriminatoria a las bases de datos sobre historial de crédito de sus clientes.