El PP ha aprobado una enmienda al proyecto de ley de factura electrónica en el Senado con el que modifica la Ley de Contratos del Sector Público. A partir de ahora, la exigencia a los empresarios de estar debidamente clasificados será obligatoria en los contratos de obra superiores a 500.000 euros (ahora son 350.000) y en los contratos de servicios de más de 200.000 euros.
El asunto ha sido introducido esta tarde en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Senado, que ha aprobado el proyecto de factura electrónica con el voto a favor del PP y la abstención del resto de grupos. El texto pasa ahora al Pleno de la semana que viene para su ratificación definitiva.
Los populares modifican también los artículos sobre la solvencia técnica que deben demostrar los licitadores: los medios de acreditación serán decididos por el órgano de contratación y deberán estar claramente señalados en el anuncio y en los pliegos del contrato.
El PP ha aprobado una segunda enmienda en el Senado para obligar a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a emitir una factura electrónica porque son "asociaciones de empresarios constituidas con la finalidad exclusiva de colaborar en la gestión del sistema de la Seguridad Social", a la que se le aplica esta ley, y "están afectados al cumplimiento de sus fines".
El portavoz socialista, Juan María Vázquez, ha asegurado que su partido comparte "lo esencial" de esta ley, pero ha expresado sus dudas sobre la enmienda que modifica la ley del suelo y sobre las transaccionales que ofrece el PP, por lo que se abstiene.
Modifica la ley de contratos, la de transparencia y la de emprendedores
El proyecto de factura electrónica modificará así, tras su paso por el Senado, la Ley de Contratos del Sector Público. Ya en el Congreso, el PP aprovechó este proyecto para introducir cambios en otras normas. Entre ellas, la Ley de Transparencia, que fue aprobada la semana pasada, en la que se ha cambiado la redacción de dos párrafos referidos a las reglas especiales sobre el destino de los superávit presupuestarios.
Además, el PP introdujo un cambio en la reciente ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aprobada el mes pasado. El objetivo es recuperar la exención en el pago de tasas de inscripción en el Registro Mercantil para las sociedades de responsabilidad limitada constituidas por vía telemática.
También aprobó el PP en el Congreso otra enmienda que modifica el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En este caso, se trata de incluir a Castilla-La Mancha entre las comunidades que establecen el régimen de autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio. Ya estaban en la lista Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana.
El nuevo procedimiento de tramitación de facturas arrancará el uno de enero de 2014, aunque la obligación de usar facturas electrónicas se retrasa al uno de enero de 2015 para dar tiempo a todos los proveedores a adaptarse (será obligatorio para todas las facturas superiores a 5.000 euros).