La ponencia del Congreso que ha estudiado la ley de transparencia ha aprobado el informe del proyecto únicamente con el respaldo de los populares. Entre las novedades, el informe establece que las entidades privadas con un 40% de financiación pública tendrán que someterse a la norma.
Se rebaja así de un 50 a un 40%, como proponía CiU y UPyD, el porcentaje que será requisito para aplicar los criterios de publicidad que establece la ley, que ahora se remite a la Comisión Constitucional, el cual dará su visto bueno el próximo día 31.
El ponente del PP, Esteban González Pons, ha explicado que además a partir de ahora quedarán sometidas a la Ley de Transparencia "absolutamente todas" las entidades que reciban más de 100.000 euros al año de dinero público por cualquier vía.
"Se ha trabajado lo suficiente como para poder asegurar que ya es una ley de transparencia completa, moderna, avanzada tal y como exigen los ciudadanos", ha señalado por su parte Pons, quien ha vuelto a criticar al PSOE por no haber participado en la ponencia.
El régimen sancionador lo aplicará "cada administración"
En el ámbito del Buen Gobierno, se han corregido algunos aspectos previstos en el texto, a los que se oponían los grupos de la oposición. Así, se ha aceptado también una enmienda de CiU y PSOE, para que las sanciones de inhabilitación no dependan del Ministerio de Hacienda, como en un principio se establecía y el régimen sancionador lo aplique "cada administración a sus cargos".
"En ningún caso el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas puede llegar a aplicar el régimen sancionador a una autoridad local o autonómica", ha subrayado el diputado de CiU Jordi Jané, al termino del encuentro.
Asimismo, se ha aceptado otra enmienda de los grupos nacionalistas gracias a la cual "ya nadie va a poder sustituir a un cargo electo", elegido directamente por la ciudadanía, lo que iba "contra la normativa electoral".
Esto quiere decir que una vez que la ley entre en vigor, se podrá destituir a los cargos políticos por la comisión de algunas de las infracciones tipificadas como graves o muy graves, pero no se les podrá inhabilitar para ocupar determinados cargos durante un periodo de entre 5 y 10 años como se planteaba en el proyecto del Gobierno.
Por tanto, se podrá destituir, por ejemplo, a un concejal de ocupar la cartera de urbanismo, pero no se le podrá inhabilitar para volver a aspirar a un cargo de carácter electivo ni despojarle de él.
Recurrir por vía contencioso-administrativa
Además, se ha incluido en la norma la posibilidad de que los cargos a los que se apliquen estas sanciones puedan recurrir por la vía contencioso-administrativa para evitar posibles casos de "discrecionalidad" en la aplicación de la ley.
El ponente de CiU, Jordi Jané, se ha congratulado de que se haya reconocido "manera expresa" el respeto a la legislación autonómica "que existe y existirá".
Por su parte, el diputado del PNV, Emilio Olabarría, se ha declarado satisfecho con los avances que se han conseguido, hasta el punto de que solo queda una cuestión en la que los nacionalistas vascos no han visto colmadas sus aspiraciones.
Se trata de la propuesta del PNV que haya un reconocimiento del régimen especial de los territorios históricos del País Vasco. Olabarría ha considerado que es "una buena ley de transparencia".
Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha admitido que se han producido algunas mejoras en el texto, pero su formación sigue considerando insuficiente la ley, porque no reconoce el acceso a la información como un derecho fundamental.
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
En esta reunión también se ha incorporado la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que velará por el cumplimiento de la norma y estará adscrito al Ministerio de Haciendo y Administraciones Públicas.
Este Consejo tendrá "personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar" y actuará "con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines".
Por otra parte, durante el trabajo en ponencia también se ha ampliado el ámbito de aplicación de la ley, a la que estarán sometidos, entre otros la Casa del Rey, el Banco de España, los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales y las mutuas laborales.
La reunión de la ponencia estaba prevista para el pasado día 8 de julio, aunque fue aplazada hasta este jueves, a propuesta del Partido Popular.