La Comisión Europea (CE) ha anunciado este miércoles que ha abierto una investigación en profundidad sobre el régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar, que había denunciado España en junio de 2012, al sospechar que puede estar infringiendo las normas comunitarias de ayudas de públicas.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha asegurado que "es una magnifica noticia que viene a compensar los esfuerzos que la diplomacia española viene haciendo en este terreno desde hace tiempo". Por su parte, el Gobierno de Gibraltar ha asegurado sentirse "satisfecho" con la investigación.
La CE ha especificado que verificará si el sistema gibraltareño favorece "selectivamente a determinadas categorías de empresas", lo que iría en contra de las reglas comunitarias, pues sospecha que este régimen fiscal podría conceder ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, que no tienen presencia real en el Peñón.
La investigación, lanzada por el departamento de Competencia que dirige Joaquín Almunia, responde a una denuncia presentada por España en junio de 2012, a raíz de la cual el Ejecutivo comunitario ya ha realizado un análisis preliminar. El régimen reduce del 22% al 10% el impuesto de sociedades y según el Gobierno beneficia a las empresas que registran su domicilio fiscal en la colonia pero desarrollan su actividad en España.
Investigación de determinados ingresos pasivos
Bruselas examinará en particular por qué determinados ingresos pasivos, tales como los cánones y ciertos tipos de intereses, no están sujetos al impuesto de sociedades en Gibraltar. La apertura de la investigación no prejuzga el resultado y da la oportunidad a las partes de presentar observaciones.
En la actual fase de sus pesquisas, el Ejecutivo comunitario considera que esta exención fiscal para los ingresos pasivos de intereses y cánones podría constituir una ayuda estatal porque se aparta del régimen general del impuesto de sociedades. Ello podría conceder una ventaja especial para las empresas que producen este tipo de ingresos.
La Comisión cree que no existe una "justificación válida" para estas exenciones. Gibraltar introdujo ligeros cambios en su régimen el 1 de julio de 2013 para atender a las preocupaciones de Bruselas, pero el Ejecutivo comunitario los ve insuficientes.
Por su parte, Margallo ha señalado que espera que "termine con un procedimiento de infracción, es decir que se conmine a Gibraltar a acabar con un régimen que es claramente injusto y claramente perjudicial para las sociedades españolas".
Mientras, el Gobierno gibraltareño ha explicado en un comunicado de prensa, que la investigación se refiere "solo a dos aspectos limitados" de su "régimen fiscal de ayuda estatal a las empresas". Además, ha señalado que se pueden "adoptar medidas legislativas con rapidez con el fin de resolver los problemas que preocupan a la Comisión Europea".
El ministro principal de Gibraltar Fabian Picardo ha indicado que lo que es "significativo" para ellos de la iniciativa es que "ha aceptado el sistema de territorialidad como sistema de referencia". "Esto es una buena noticia para Gibraltar", asegura.
"Hemos colaborado con la Comisión Europea durante el último año y ya les hemos entregado una cantidad considerable de información", ha explicado antes de detallar que el motivo de la investigación "tan solo afecta a dos elementos puntuales del impuesto de sociedades".
Bruselas declaró ilegal el anterior régimen del impuesto de sociedad
Bruselas ya declaró ilegal en 2004 el anterior régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar. En 2011, el Tribunal de Justicia de la UE confirmó la decisión de Bruselas y señaló que las medidas concedían ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, sin trabajadores ni locales en Gibraltar, que quedaban exentas del impuesto.
La apertura de expediente por parte de Bruselas se produce tras la escalada de tensión entre las autoridades españolas y las gibraltareñas el pasado verano a raíz del lanzamiento por parte del Peñón de 70 bloques de hormigón en la bahía de Algeciras, que impiden faenar a la flota española, y el subsiguiente endurecimiento de los controles fronterizos por parte de España.
El Ejecutivo comunitario envió el pasado 25 de septiembre una misión de inspectores a Gibraltar para verificar la legalidad de estos controles y las acusaciones españolas de contrabando, que todavía no ha publicado sus conclusiones. En paralelo, Bruselas examina las denuncias medioambientales presentadas por Madrid contra las autoridades del Peñón.