La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes que el factor de sostenibilidad y el nuevo índice de revalorización de las pensiones buscan "evitar las subidas en escala y los dobles efectos" de la actualización de las prestaciones con el IPC y garantizar la viabilidad del sistema "en el medio y largo plazo".
En este sentido, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta admitió que el objetivo del Gobierno es que el poder adquisitivo de las pensiones se garantice "de otra manera", "con la contención de los precios" en otras áreas de la economía.
El Ejecutivo ha aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de reforma de las pensiones, que desvincula estas prestaciones del IPC y que introduce el llamado 'factor de sostenibilidad' a partir de 2019.
El proyecto de ley contempla un nuevo Índice de Revalorización (IR) a partir del cual se calculará la actualización de las pensiones, al margen del IPC, para evitar que las pensiones puedan en lo sucesivo congelarse o incluso rebajarse. Este índice empezará a aplicarse ya en 2014 [Así se calculará la actualización de las pensiones
En concreto, el nuevo índice de revalorización de las pensiones tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social tomando como referencia las medias de 11 ejercicios para modular los datos y evitar cambios bruscos en el sistema.
Además, aplicará un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%, de modo que las pensiones no puedan ni subir ni bajar por encima de esos valores.
“El factor de sostenibilidad, que calculará la pensión de los jubilados, no entrará en vigar hasta 2019“
El factor de sostenibilidad, por su parte, que se aplicará al calcular la primera pensión de los jubilados, no entrará en vigor hasta finales de la próxima legislatura (2019) y vinculará las pensiones a la esperanza de vida, con el objetivo, según el Gobierno, de garantizar que los pensionistas de diferentes generaciones tendrán pensiones similares si realizan contribuciones iguales al sistema.
Garantizar las pensiones a medio y largo plazo
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que la reforma "garantiza" una subida mínima de las pensiones del 0,25% en situaciones económicas adversas, y que las pensiones podrán recuperarse en épocas de bonanza, al ser posible una actualización por encima del IPC.
Al cabo, para la vicepresidenta se quiere "garantizar que los que cotizan hoy puedan cobrar el día de mañana de manera similar a los actuales pensionistas".
En ese sentido, Sáenz de Santamaría ha recordado que en la última década ha aumentado el número de pensionistas en un millón de personas, y que seguirá aumentando a razón de 100.000 por año, hasta llegar en 2040 a 15 millones de pensionistas en España.
“Cristóbal Montoro pone en duda al CES: "No vivimos mejor porque se suba la renta nominal"“
"Un país serio tiene que plantearse que las pensiones deben garantizarse a medio y largo plazo y eso es lo que hacemos con esta ley", ha destacado.
Unas horas antes de aprobar este anteproyecto, el Gobierno conoció el dictamen, preceptivo pero no vinculante, del Consejo Económico y Social (CES), que pedía al Ejecutivo que no desvincule las pensiones de la subida del IPC, puesto que la fórmula de revalorización lleva a una pérdida del poder adquisitivo que no llegará a recuperarse cuando haya superávit.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha tratado de desmontar esta idea y pide "prudencia" a quien hace proyecciones que considera "anticuadas por la base" en cuanto cambian las condiciones.
"No vivimos mejor porque suba la renta nominal, vivimos mejor en un país que tenga más riqueza por distribuir", por lo que pide un cambio de lógica y "no perseguir inflaciones que van a la baja". "Salgamos de esa mentalidad inflacionista en la que por unas décimas de crecimiento de rentas nominales no se asegura el bienestar de la gente".
Por esta razón, retó a los miembros del CES (compuesto por sindicatos, patronal y organizaciones sectoriales) a comprobar en un futuro si sus augurios se cumplen o no. "Los que hacen esos cálculos ya veremos si los hacen correctamente", afirmó.
Negociación con los partidos y los agentes sociales
Tras la aprobación de este texto, que se remitirá a las Cortes, el Gobierno abrirá un periodo de diálogo y negociación con los agentes sociales y los grupos políticos. Una vez incorporadas las aportaciones oportunas, el Ejecutivo espera que la ley esté aprobada el 31 de diciembre de este año.
La vicepresidenta ha aclarado que la aprobación del proyecto de ley "no es el fin del diálogo" y que se ha buscado y se busca "el máximo consenso.
En este sentido, ha precisado que el Gobierno ha empezado a recibir aportaciones de los sindicatos y de algún grupo parlamentario, y que está a la espera de recibir también de la patronal y el resto de agentes. El compromiso, ha añadido, es buscar "puntos de encuentro" para sacar adelante esta ley.
Horas después de aprobarse el proyecto de ley, la Comisión Europea ha manifestado su respaldo a la reforma de pensiones de España y ha pedido su rápida aplicación, para que las medidas "puedan comenzar a tener un impacto ya el próximo año", han dicho fuentes comunitarias consultadas por la agencia Efe.