El PSOE, IU y grupo mixto se incorporarán el próximo miércoles a los debates en la reunión de la Comisión que dará su visto bueno al proyecto. Estos partidos no habían participado en la ponencia de la ley de transparencia en el Congreso en protesta por la falta de explicaciones del jefe del Ejecutivo sobre el caso Bárcenas.
Fuentes socialistas han confirmado a Efe que el próximo miércoles sus diputados acudirán a la reunión de la Comisión Constitucional, pese a que mantienen la ruptura con el PP. Por el momento, no han decidido qué postura mantendrán respecto a las enmiendas y al dictamen final del proyecto legislativo.
Además, han dejado claro que acudir a la Comisión Constitucional es un "deber parlamentario" y una formalidad, un caso distinto al de la ponencia, que es el foro donde se habla y se negocia con el PP, cuando el PSOE "no tiene nada que hablar" con el partido que sustenta al Gobierno.
Por su parte, el resto de fuerzas políticas han asegurado que acudirán a la reunión de la Comisión.
No participarían hasta la comparecencia de Rajoy
El PSOE e IU anunciaron que no participarían en ninguna reunión hasta que no compareciera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar el caso Bárcenas, y fueron secundados por el resto de partidos de la oposición excepto UPyD.
Solo el último día de la reunión de la ponencia, el pasado día 25 de julio, en la que se dio luz verde al dictamen que examinará el próximo miércoles la Comisión Constitucional, se sumaron al PP y UPyD los representantes de CiU y PNV.
La futura norma equiparará las obligaciones de transparencia de la Casa Real a las de otras instituciones públicas como el Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Se aplicará a entidades con 40% de financiación pública
Entre las principales enmiendas consensuadas en ponencia está el hecho de someter a la ley a todas aquellas entidades privadas cuya financiación dependa al menos en un 40% de subvenciones públicas.
Se rebaja así de un 50 a un 40% el porcentaje que será requisito para aplicar los criterios de publicidad activa que establece la ley, que también pondrá bajo la lupa a "absolutamente todas" las entidades que reciban más de 100.000 euros al año de dinero público por cualquier vía. Esta medida incluye a los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones empresariales y abre las puertas a que entre la Iglesia.
La idea del Gobierno es que la nueva ley sea aprobada por el pleno del Congreso en el próximo periodo de sesiones y que después pase el trámite del Senado para que entre en vigor antes de finales de año.
Este proyecto de ley se envió al Congreso hace un año y su tramitación se ha dilatado en el tiempo debido a las innumerables veces en las que se ha prorrogado el plazo de presentación de enmiendas mientras se intentaba aproximar posturas.
Las negociaciones iban por buen camino, hasta el punto de que solo IU, UPyD y el grupo mixto presentaron enmienda a la totalidad. Poco después se convocaron varias sesiones de la ponencia, torpedeadas por la oposición al publicarse los supuestos originales de los llamados papeles de Bárcenas.