El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley de todos los grupos para defender el sector naval español, al que la Unión Europea (UE) le reclama la devolución de unas ayudas fiscales (tax lease) por importe de unos 2.000 millones.
La iniciativa ha sido respaldada por unanimidad un día antes de que se celebre en Bruselas una reunión de los comisarios europeos en la que se decidirá qué cantidad ha de reembolsar España. El vicepresidente de la CE y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha planteado que las ayudas fiscales sean devueltas por los inversores y no por los astilleros y armadores.
En la proposición se asegura que un eventual reembolso supondría un "grave" trato discriminatorio respecto a Francia, que en un expediente similar fue eximida por aplicación del principio de seguridad jurídica.
Asimismo, se alerta de que abocaría directamente a la "ruina" al sector naval español, que exporta el 90% de todo lo que produce, y acabaría repercutiendo en los intereses de la UE con una deslocalización de la industria naval hacia los astilleros de los países asiáticos.
87.000 empleos y 19 astilleros privados en riesgo
Los grupos parlamentarios firmantes advierten de que alrededor de 87.000 empleos y 19 astilleros privados, armadores nacionales e internacionales y una "voluminosa" industria auxiliar corren el riesgo de desaparecer si la Comisión obliga a España a devolver las ayudas fiscales recibidas entre 2005 y 2011.
Los partidos resaltan además que el sector naval nacional ha sufrido a lo largo de los últimos años una importante pérdida de actividad directamente proporcional al incremento de cartera de los países denunciantes de los astilleros españoles.
En la iniciativa conjunta se afirma además que la actividad de este sector se ha visto diezmada por la ausencia de un mecanismo de financiación para competir en igualdad de condiciones con el resto de miembros de la UE.
Acusan a Almunia de ser el "destructor" del sector
Por el Grupo Mixto Enrique Álvarez ha acusado al socialista Almunia de ser el "destructor" de varios sectores españoles; Olaia Fernández Dávila ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se implique más en esta lucha; y Jon Iñarritu ha dicho que en el País Vasco la decisión de la UE pone en riesgo el "pan" de más de 6.000 familias, lo que no se puede "permitir".
Para Pedro Azpiazu (del PNV) la CE puede cometer una "tropelía", un "gravísimo error" de un socialista que tendrá consecuencias "irreparables" para los astilleros y sus trabajadores. Mientras que Carlos Martínez (UPyD) ha pronosticado que será una mala noticia para el país y el empleo, pero ha dicho no entender que se hayan dejado pasar siete años "por no tomarse en serio las leyes".
Por su parte, Gaspar Llamazares (Izquierda Plural) ha rechazado la "política financiera" de la UE porque "desprecia" la actividad económica y ha criticado el "optimismo" de Rajoy sobre la naval. También Inmaculada Riera (CiU) ha pedido a la Comisión que reconsidere su posición y aplique los principios de seguridad e igualdad como se hizo con Francia.
Mientras que María Luisa Carcedo (PSOE) ha demandado del Gobierno un plan industrial de la naval aunque la solución de mañana pueda ser "favorable". Finalmente, Tristana Moraleja (PP) ha agradecido a todos el apoyo a un sector que está "sentenciado de muerte" por un comisario español de forma "injusta y arbitraria".
Encierro de trabajadores de La Naval de Sestao
Por otra parte, trabajadores de La Naval de Sestao se han encerrado esta noche en las instalaciones del astillero para defender la continuidad de la industria naval ante la decisión que pueda adoptar mañana la UE.
Una treintena de empleados y delegados sindicales ha accedido al interior de la planta, situada en la localidad vizcaína de Sestao, donde van a permanecer hasta las 10.00 horas de mañana cuando ofrecerán una rueda de prensa.
Con esta iniciativa, alentada por UGT, CC.OO., CAT y ELA, los trabajadores quieren expresar su malestar por la situación de incertidumbre en la que está la industria naval ante la decisión que pueda adoptar la Comisión Europea sobre la legalidad o no de las ayudas fiscales. En declaraciones a EFE, el presidente del comité de empresa, Pedro González, ha advertido de que la posible devolución de estas ayudas "sería letal para los astilleros" porque "nadie invertiría en la construcción de barcos".