El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este jueves mantener la suspensión del euro por receta en Madrid decretada el pasado 29 de enero, cuando admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la iniciativa de la Comunidad de Madrid. Tomó la misma decisión con respecto a Cataluña, que también impuso el euro por receta y el Gobierno recurrió.
Según argumenta el Constitucional: "No hay razones que justifiquen una conclusión distinta a la alcanzada en relación a la tasa establecida por la Generalitat".
El Gobierno pidió en su recurso la suspensión de la tasa al entender que la medida implantada, que entro en vigor el 1 de enero, en Madrid afectaba a un supuesto regulado por una ley estatal y alegó que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16 de la Constitución.
El Constitucional defiende que, a pesar de la reducida cuantía de la tasa, "puede erigirse en barrera que impida el acceso a la prestación farmacéutica de los usuarios con menos recursos y mayores necesidades", puesto que se suma al copago estatal.
En este sentido, el TC mantiene que "los intereses generales y públicos, vinculados a la promoción y garantía del derecho a la salud, son intereses asociados a la defensa de bienes constitucionales particularmente sensibles".
Madrid esperará a que el Constitucional decida
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, reconoció este miércoles que no van a restablecer el pago del euro por receta hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el "fondo" de la medida o el Gobierno decida sobre el asunto.
González ha defendido que se trata de una medida que no está dirigida a la "recaudación" sino a "disuadir" el gasto farmacéutico, teniendo en cuenta que en España se gasta un 15% más que la media europea y que existen "45 millones de medicamentos almacenados" en las casas, de los cuales el 20% se tiran caducados.