La troika inicia este lunes una evaluación extraordinaria a Portugal, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de ese país, que ha anulado varias medidas de austeridad. Del resultado de este nuevo examen dependerá el desbloqueo de otro tramo de su rescate y la ampliación en siete años del plazo para devolverlo que aprobó el viernes pasado el Ecofin.
Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y Banco Central Europeo, conocidos como la troika, llegan a Lisboa para completar su séptimo examen al país desde que en mayo de 2011 se le concedieran 78.000 millones de euros para evitar su bancarrota.
Esa séptima evaluación ya se había concluido con un aprobado el pasado marzo, cuando se decidió suavizar el objetivo de déficit luso para este año -que pasó del 4,5% al 5,5%- para dar mayor margen de recuperación a la debilitada economía lusa, para la que se prevé una contracción del 2,6% en 2013.
Pero la sentencia del Tribunal Constitucional luso que invalidó, el pasado 5 de abril, cuatro medidas de austeridad del primer ministro, Pedro Passos Coelho, por valor de 1.300 millones de euros, ha obligado al Gobierno a presentar a sus acreedores un nuevo plan de ajustes presupuestarios.
Hasta que se conozca el nuevo resultado, está bloqueado el tramo del rescate de 2.000 millones de euros correspondiente a esa séptima evaluación. Además, de él también dependerá que se materialice el apoyo dado el viernes por los ministros europeos de Economía y Finanzas (Ecofin) para prorrogar siete años los vencimientos del rescate luso.
El Gobierno conservador portugués tiene preparado un nuevo paquete de medidas de austeridad para presentar a sus acreedores que ya ha sido criticado con dureza por la oposición de izquierda y los sindicatos, que el pasado fin de semana organizaron manifestaciones en Lisboa y exigen la renuncia del primer ministro.
Más recortes en Sanidad, Educación y servicios públicos
Passos Coelho solo ha detallado que ahorrará 600 millones de euros en sanidad, educación, seguridad social y servicios públicos y otros 600 millones, con recortes del gasto de funcionamiento de la Administración.
Esta última medida entró ya en vigor la semana pasada con la prohibición de todo nuevo pago en el sector público no autorizado expresamente por el Ministerio de Finanzas.
Según los comentarios de líderes políticos y las filtraciones en los medios de comunicación lusos, entre las propuestas del Ejecutivo a la troika hay más ahorros con los salarios de la función pública y cambios en la Seguridad Social, como retrasar la edad de jubilación o gravar las pensiones con contribuciones al sistema.
En un tiempo récord, de apenas una semana, Passos Coelho se apresuró a presentar el viernes a los ministros europeos la estrategia para cubrir el agujero abierto en sus presupuestos por la sentencia del Constitucional, pero ahora debe cuadrar las cuentas ante los expertos de la UE y el FMI.
Desde la oposición, el líder socialista, António José Seguro -reelegido el domingo como secretario general de su partido con un 96% de los votos-, se ha reafirmado en el rechazo total a que se apliquen nuevas medidas de austeridad en el país.
Aunque el PS pide la renegociación del rescate y la renuncia del Ejecutivo, el pequeño partido demócrata-cristiano (CDS-PP) que garantiza la mayoría absoluta de Passos Coelho, abogó el domingo por un entendimiento entre las principales fuerzas políticas lusas.