El Gobierno irlandés ha confirmado que ha iniciado el proceso de liquidación definitiva del Anglo Irish Bank, la entidad financiera cuyo colapso obligó a este país a pedir en 2010 a la Unión Europea (UE) y al FMI un rescate de 85.000 millones de euros.
La decisión ha sido tomada después de que el gobernador del Banco Central Irlandés, Patrick Honahan, iniciase en Fráncfort conversaciones con el Banco Central Europeo (BCE) para lograr un acuerdo de reestructuración de la deuda bancaria asumida por el Estado irlandés.
El anuncio de un acuerdo entre ambas partes parece inminente, pues el Ejecutivo de Dublín ha convocado una sesión extraordinaria del Parlamento nacional para explicar la situación y, en caso de haya un acuerdo, redactar una ley urgente que respalde la disolución del Anglo y la entidad financiera Irish Nationwide.
Desde su nacionalización en 2009, ambas entidades se encuentran en proceso de cierre definitivo a través de una compañía estatal llamada ahora Irish Bank Resolution Corporation (IBRC), que tras su liquidación pasará a formar parte del llamado "banco malo" irlandés.
Un portavoz gubernamental ha asegurado que el Ejecutivo es "optimista" respecto a esa posibilidad y aunque ha evitado dar detalles sobre el contenido del posible plan, ha adelantado que "será muy beneficioso" para Irlanda.
Dublín presiona para reestructurar los préstamos
El Gobierno irlandés lleva meses pidiendo al BCE que acepte reestructurar el préstamo concedido hace tres años al Ejecutivo de entonces para salvar el Anglo Irish Bank, la entidad prestamista preferida por los constructores durante el "boom" de este sector.
El BCE concedió un préstamo de 31.000 millones de euros a través de la emisión de los llamados documentos de reconocimiento de deuda (IOU, en sus siglas en inglés), unos pagarés usados por Dublín para recapitalizar ambas entidades, pero que le obligan a pagar cada año, hasta 2023, un interés del 8 por ciento.
El próximo 31 de marzo Irlanda debería hacer frente a unos de esos pagos anuales, que asciende a 3.100 millones de euros, motivo por el que ha propuesto al BCE canjear los pagarés con deuda del Estado a largo plazo, cuyo vencimiento oscilaría entre los 25 y 40 años.
Hasta la fecha, el BCE se ha mostrado, no obstante, reticente a la idea de permutar los pagarés por bonos del Estado, ya que esta operación podría contravenir la normativa que impide a la entidad comunitaria financiar directamente a los gobiernos.
Dublín ha insistido en la necesidad de que el BCE alivie de alguna manera la aportación del Estado al saneamiento del sistema financiero, al tiempo que insta a la UE a que cumpla con el ofrecimiento de un nuevo pacto de reestructuración de su deuda bancaria de 64.000 millones de euros, vista como un lastre para la política económica.
El Ejecutivo del conservador Enda Kenny arguye que la recapitalización directa permitirá separar la deuda bancaria de la soberana, con el consiguiente efecto positivo para cumplir con los objetivos de déficit marcados en su programa de ayuda, que, según los inspectores, está en el "buen camino".