Los supuestos sobresueldos en dinero negro que Bárcenas pagó a altos cargos del PP durante dos décadas, la financiación ilegal en los años 90 de Unió Democràtica de Catalunya en el caso Pallerols o la destitución del director de la Fundación Ideas, vinculada al PSOE, por el pago de 50.000 euros a la exmujer de este por ejercer de articulista bajo el seudónimo de 'Amy Martín', ponen de manifiesto la necesidad de un cambio que haga más transparente la financiación de los partidos políticos españoles.
"Lo que estamos viendo ahora es una explosión de algo que iba a ocurrir en un momento dado. Esto es la consecuencia de la política de opacidad llevada a cabo por los partidos", resalta la coordinadora de campaña de Access Info Europa, una ONG que aboga por la transparencia y el libre acceso a la información.
Tras el caso de los 22 millones de euros que llegó a tener Bárcenas en cuentas suizas, según la justicia, El Mundo publicó que el extesorero del PP pagó sobresueldos en negro durante años a varios dirigentes de la cúpula del partido.
Al mismo tiempo, el actual dirigente de Unió, el socio de Convergència en CiU, pedía perdón desde Chile por haber utilizado en los años 90 fondos europeos para el desempleo en la financiación del partido, que ahora tendrán que devolver.
"Para acabar con todo esto se necesita un cambio social y cultural en el modo en el que los ciudadanos percibimos la política. El ciudadano tiene que hacer un esfuerzo implicándose más en la política. Los partidos quedan solamente en manos de la mala gente, cuando la buena gente se aparta de ellos", recalca el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Joan Botella.
“Para acabar con todo esto se necesita un cambio social y cultural“
Desde la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el catedrático de Ciencias Políticas y miembro de Transparencia Internacional, Manuel Villoria, sigue la misma línea para solucionar el problema de la falta de claridad en las cuentas de los partidos.
"Hay una opacidad importante en los propios partidos políticos, pero esto es un problema cultural, de actitud y de valores. No han admitido que estar en política implica servicio, es decir, que tienen un cargo de responsabilidad de servidor público. Aquí la idea es que alguien que tiene un cargo público es alguien con poder, se necesita un cambio cultural".
Otros modelos europeos
El decano de la UAB, el catedrático de la URJC y la portavoz de Access Info coinciden en que el cambio en el modelo español es cuestión de voluntad política y fijarse en vecinos europeos como los alemanes o franceses.
"En este mundo casi todo está inventado, entre el sistema francés y el alemán están todas las claves", desvela el decano Botella.
“Entre el sistema francés y el alemán están las claves“
Los partidos alemanes están sometidos a un "férreo" control por parte del Estado, con unas reglas muy claras que "obligan" a los partidos a un comportamiento transparente.
Las formaciones germanas deben rendir cuentas públicamente sobre la procedencia y uso de recursos y patrimonio. Se financian a través de afiliados y donativos, solo reciben dinero del Estado para cubrir los gastos electorales en función de sus resultados, con este sistema pretenden acabar con la influencia mutua que se puede llegar a ejercer.
El sistema francés está en la otra orilla. Sus partidos se financian, en su gran mayoría, a través de dinero público en forma de subvenciones. Los dos modelos coinciden en la justificación y rendición públicas de sus cuentas.
"En Francia han inventado un mecanismo muy simple, pero muy contundente. Las infracciones presupuestarias cometidas en torno a los gastos de financiación electoral incurren en la pérdida del escaño", dice el decano en Ciencias Políticas de la UAB.
Desde hace varios años, tanto ONG nacionales -como Transparencia Internacional o Access Info Europe- y organismos internacionales -como el GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción)- han pedido más transparencia al sistema de financiación de partidos.
"Hace muchos años que desde dentro y fuera se está señalando que España no tiene mecanismos para la rendición de cuentas, y especialmente a nivel local", señala Victoria Anderica.
Cambios en la ley de partidos
Hasta el año 2007, las formaciones políticas españolas podían recibir de manera anónima donaciones económicas para financiarse. Ese mismo año, el Gobierno de expresidente José Luis Rodríguez Zapatero introducía un cambió en la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que terminaba con uno de los aspectos más oscuros en la economía de las formaciones.
El pasado verano, el Ejecutivo de Rajoy introdujo un nuevo cambio en dicha ley, dando más protagonismo al Tribunal de Cuentas, que pasaba de órgano fiscalizador a también sancionador.
Además, las donaciones de más de 50.000 euros deben ser declaradas y no se permite condonaciones de deudas, adquiridas por los partidos con las entidades bancarias, superiores a 100.000 euros anuales.
"Los bancos son entidades privadas que no tienen la obligación de publicar los créditos que tienen los partidos. Por eso, tampoco podemos saber qué condonaciones de deudas se han hecho", asevera Botella.
“No podemos saber qué condonaciones se han hecho“
El Tribunal de Cuentas adquiere un papel primordial en la ley de partidos, pero los medios humanos y materiales impiden su buen funcionamiento. Este órgano está fiscalizando las cuentas de 2008 y el último informe del que hay datos publicados es de 2007.
"El Tribunal de Cuentas llega tarde y mal, además el trabajo que hace no es una auditoria y lleva 56 meses de retraso. Ahora están fiscalizando las cuentas de 2008, es otro de los problemas de haber llegado a esta situación. En cuatro años prescriben los delitos que se puedan haber cometido", señala la coordinadora de campaña de Access Info Europa.
El Tribunal de Cuentas ha anunciado que aumentará de 12 a 26 el número de sus miembros en el departamento que se encarga de fiscalizar la cuentas de los partidos para lograr una mayor eficacia en su labor.
"Los dos grandes partidos buscarán soluciones cuando haya sentencias condenatorias graves, es decir, cuando se castiguen con prisión los malos comportamientos. También hay que seguir las directrices del Tribunal de Cuentas, donde se hacen recomendaciones muy claras", asegura el decano de Ciencias Políticas Joan Villoria.
Subvención por escaños y votos
El 80% del dinero de los partidos sale de las arcas públicas del Estado, en forma de subvenciones que se otorgan en función de número de escaños y de votos logrados en las elecciones, a través de los Presupuestos Generales del Estado, asignados cada año.
La otra forma de lograr el dinero es a través de las cuotas de los afiliados, donativos y en forma de crédito bancario.
Las subvenciones públicas se asignan en dos partidas, para gastos de funcionamiento y de seguridad. Además, sus fundaciones también reciben dinero público como forma de financiación.
La pasada semana, la Fundación Ideas -vinculada al PSOE- destituyó a su director, Carlos Mulas, porque verificaron que su exmujer llegó a recibir hasta 50.000 euros por escribir artículos bajo el seudónimo de 'Amy Martin'.
"Las fundaciones de los partidos se manejan con mucha opacidad. Se han convertido en una fuente de financiación alternativa, cuando eso no debería ser así. No deberían recibir donaciones de empresas que luego contratan con las administraciones públicas", dice Manuel Villoria.
“Las fundaciones de los partidos se manejan con mucha opacidad“
En cambio, para el decano de la Universidad Autónoma de Barcelona el tema de las fundaciones no es "tan grave", porque gracias a los estudios que realizan "la oferta programática y política" que los partidos ofrecen repercuten "en beneficio de todos".
"Otra cosa es cuando utilizan las fundaciones como un mecanismo de financiación y aparcan allí las nóminas de sus empleados. Obviamente, no se crearon para esto, sino para proveer de contenidos y más conocimientos oferta política que hacen los partidos", asevera Joan Botella.
La futura ley de transparencia
El marzo de 2012, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de transparencia, que pretende sancionar las infracciones en materia económica y presupuestaria con penas que pueden llegar a los 10 años de inhabilitación y la correspondiente multa en caso de ocultación o falseamiento en las administraciones públicas.
Además, a través de las páginas webs de las administraciones, los ciudadanos podrán conocer cómo y a quién se subvenciona o se contrata, y la cuantía del dinero público destinado.
Ni partidos, ni sindicatos, ni patronal -organismos subvencionados con dinero público- estarán adscritos a la futura ley, solo las administraciones públicas.
La pasada semana, el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, y el miembro del Comité Ejecutivo de esta misma ONG, Antonio Garrigues Walker, visitaron el Congreso para ilustrar a los diputados. Ambos recomendaron que se incluyera en la futura ley a la Casa Real, partidos y sindicatos.
"La nueva ley de transparencia es muy débil. Necesitamos una ley que sea ejemplo de cómo solucionar el caos a nivel de opacidad, que recoja el derecho a la información pública y que incluyera a aquellas organizaciones que estén subvencionadas con dinero público en más del 50%", exige Victoria Anderica.
“La nueva ley de transparencia es muy débil“
Además, reclama que tenga un mecanismo independiente para controlar las negaciones de información cuando se dé el caso.
Para Manuel Villoria, miembro de Transparencia Internacional, la ley se ha hecho "cuando se ha podido", pero resalta que "se queda corta" o que quizá "no haya voluntad" de implantarla.
Deuda de los partidos
Según el último informe de fiscalización de las cuentas de los partidos publicado por el Tribunal de Cuentas, de 2007, las formaciones españolas habían contraído una deuda con las entidades bancarias de 227 millones de euros.
Entre PP y PSOE acumulan 129 millones de los 227; 229 si se suman los 10,4 del PSC. Es decir, los dos grandes partidos tenían en 2007 el 57% de la deuda total.
"Durante años, los partidos han pedido créditos, esto ha ocurrido en cantidades fabulosas. Se ha sabido por la contabilidad de las Cajas de Ahorro, que tenían que hacerlas públicas. Ahora, con su transformación en bancos, dentro de poco no sabremos casi nada en ese terreno", asegura Joan Botella.
"Mientras la gente no sea más honrada en sus comportamientos, solo nos queda regular algunas normas en este sentido, que siempre podrán ser burladas", concluye.