El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha cifrado en 1.748 millones de euros las pérdidas, un 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, como consecuencia de los los paros, huelgas y manifestaciones en 2012, a las que ha responsabilizado también de la pérdida de 23.780 puestos de trabajo, un punto de la tasa de paro actual madrileña.
González ha hecho estas estimaciones solo un día después de exigir que se regule el derecho de huelga, en la conferencia de prensa posterior al último Consejo de Gobierno regional del año. "Estamos en este momento en una situación de crisis económica grave con fuerte destrucción de empleo y falta de inversión que se ve gravemente perjudicada por parte de muchas manifestaciones, que tienen un grave impacto en la economía y exige una reflexión de los ciudadanos", ha señalado.
El dirigente autonómico ha recordado que se han producido dos huelgas generales y más de mil huelgas en todo el territorio nacional. En el sector público, y sólo en la región, se han registrado 62 huelgas y paros parciales y 2.500 manifestaciones, siete diarias, han tenido lugar en la capital. Según ha explicado, cada hora de huelga supone un coste medio de 19,4 euros, lo que supone que se han perdido 7,2 millones de horas de trabajo en el sector público -una semana de trabajo perdido--, con coste de más de 140 millones de euros.
"Con motivo de las dos huelgas generales, tomando como referencia un seguimiento medio del 38%, se han perdido 548 millones de euros en el PIB de Madrid y 10.000 empleos. Por ejemplo, sólo en los paros y huelgas salvajes en el Metro supuso una reducción de 234 millones de euros en el PIB regional y más de 3.000 empleos", ha apuntado.
La ley para privatizar hospitales y centros sanitarios en la Comunidad de Madrid que se ha aprobado este jueves, por un lado, y la huelga que desde hace un mes mantienen los profesionales sanitarios para protestar contra dicha norma han motivado reacciones de rechazo desde los colectivos de pacientes y profesionales afectados, como es el caso de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) por un lado, y de la Asociación del Defensor del Paciente, por otro.
Los médicos piden la dimisión de González
Por un lado, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) ha exigido este jueves el cese del presidente regional, Ignacio González, ante "su incapacidad" para "el diálogo y el buen gobierno", como revela, a su juicio, que aún no se haya resuelto el conflicto que mantiene el Ejecutivo autonómico con el personal sanitario.
AMYTS también solicita, a través de un comunicado, que el Gobierno central actúe ante esta situación e "intervenga" en la Comunidad de Madrid de cara a "designar una gestora hasta la celebración de nuevas elecciones".
El presidente autonómico había instado este miércoles que se regulara el derecho a la huelga porque en su opninión, los sindicatos, "están abusando", en referencia a los paros convocados en la Sanidad, el Metro y Telemadrid. Después, los médicos especialistas anunciaron que este jueves presentarán su dimisión en las Juntas Técnicas Asistenciales y las comisiones clínicas, en protesta por el plan.
Además, esta asociación de profesionales sanitarios ha tildado de "pantomima" el dialogo que se ha abierto por parte de la Consejería de Sanidad para analizar sus propuestas alternativas de ahorro. En ese sentido, ha dicho que las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial, pese a la premura en los plazos, presentaron sus propuestas y ha lamentado que los encuentros están suspendidos desde el 21 de diciembre.
Por último, ha asegurado que, unido a la suspensión de las negociaciones, se han dado también muestras de "autoritarismo" como es, a su juicio, la "amenaza" de limitar el derecho constitucional a la huelga, en referencia a las declaraciones efectuadas el miércoles por González.
AMYTS también sostiene que la "cerrazón" por impulsar el proceso de externalización se sustenta sobre "criterios ideológicos" y que el pretendido ahorro de esta medida no es tal sino que, según datos que maneja, supone el "regalo de más de 83 millones de euros al año" a las futuras empresas concesionarias.
Defensor del Paciente pide la intervención del fiscal
Por otro lado, la Asociación del Defensor del Paciente ha pedido al fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, que intervenga en el conflicto sanitario generado en la región con motivo de las protestas contra el Plan de Sostenibilidad Sanitaria que ha aprobado el Gobierno regional con la externalización de la gestión de varios centros y hospitales.
En una misiva, la asociación explica al fiscal jefe de Madrid que se pone en contacto con él "ante la grave situación que se está viviendo en la Comunidad de Madrid a causa de la huelga que dura ya muchas semanas sin que la administración de un paso adelante para terminar con ella".
Esto, en su opinión, está causando un "grave" perjuicio en la salud de los ciudadanos "indefensos" que lo "único que desean es ser atendidos con dignidad y respeto". "Como le decimos, la administración no escucha poniendo a pacientes y personal en un enconamiento innecesario", ha lamentado.
En este sentido, ha señalado que esta situación es un "atentando contra la vida y la salud de los pacientes" a los que "ni visitan, ni intervienen ni realizan pruebas, con consecuencias que no se pueden valorar hasta que algo muy grave suceda".
Para evitar esto le solicitamos su intervención con el fin de que la administración escuche y deje su soberbia a un lado por el bien de los enfermos", concluye la carta la presidenta de la Asociación, Carmen Flores.
Rosa Díez respalda a González y otro diputado de UPyD lo ve "oportunista"
La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, a la que cita Europa Press, ha respaldado este jueves la propuesta del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de regular el derecho a huelga después de que el dirigente regional afirmara que los paros en Metro, en la sanidad pública y en Telemadrid son muestra del "uso abusivo" e "intolerable" que realizan los sindicatos de este derecho.
"Esa no es una petición nueva. Es una petición histórica y yo diría que una asignatura pendiente de nuestra democracia que, de vez en cuando, se pone sobre el tapete cuando hay asuntos importantes o huelgas que objetivamente generan preocupación en los ciudadanos", ha manifestado Díez, en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press.
En este sentido, ha criticado que "ni el PP ni el PSOE, ninguno de los dos", hayan querido "nunca" hacerlo aún teniendo la "oportunidad". "Creo, como asignatura pendiente que es, que hay que hacerlo. Nunca es el momento, pero creo que hay que hacerlo con serenidad, con tranquilidad y con debate", ha insistido.
Sin embargo, el diputado de la misma formación, Unión Progreso y Democracia (UPyD), Carlos Martínez Gorriarán, ha tachado de oportunista al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por pretender "eliminar el debate sobre la sanidad pública hablando del derecho a la huelga".
"En Madrid, lo que hay es un problema, en gran parte político, que ha creado el propio Gobierno de Madrid, sobre todo por la privatización encubierta de la Sanidad Pública y ese es el problema del que hay que hablar y no del derecho a la huelga. Me parece oportunista" dijo.
En su opinión, "no se puede eliminar el debate sobre la sanidad pública hablando del derecho a la huelga", del que añadió que es un derecho fundamental. Además, ha criticado que se saquen este tipo de debates que defienden determinadas reformas legales en caliente y no fruto de una reflexión fundamentada.
"Lo mismo que no se debe legislar para reformar el Código Penal cuando hay algún crimen particularmente horrible tampoco se puede proponer que se legisle sobre huelgas cuando hay una ola de huelga", ha señalado. Destacó que en España existe una regulación de servicios mínimos, "que cuando se respeta parece que es bastante satisfactoria" y aseguró que UPyD nunca apoyará ninguna "reforma oportunista".