La revalorización de las pensiones para compensar la desviación de la inflación en 2012 -que toma como referencia el dato de noviembre-, tendrá un coste para la Seguridad Social de 3.800 millones de euros, si finalmente el Gobierno decide aplicarla.
Del importe total, la mitad (1.900 millones) servirían para compensar la pérdida de poder adquisitivo de este año, que habitualmente se lleva a cabo a través de una paga única compensatoria en el mes de enero, mientras que la otra mitad sería el coste de consolidar esa subida a lo largo del año 2013.
Con la desviación de noviembre, la pensión media de jubilación, que se sitúa ahora en los 953,7 euros mensuales, subiría en 18 euros.
Al margen de esta compensación del poder adquisitivo, el Gobierno ya ha anunciado una revalorización de las pensiones del 1% para el año 2013, ya recogida en los Presupuestos Generales del Estado.
Dudas sobre la revalorización
Ante el coste que supone esa revalorización y la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit que se ha impuesto el Gobierno, diversos organismos, desde patronales a institutos económicos, han abogado por congelar las pensiones y evitar así un gasto que podría descuadrar las cuentas públicas.
Pese a todo, el Gobierno ha insistido en los últimos meses en que las pensiones se revalorizarán "de acuerdo con el criterio vigente de revalorización", que marca que la cuantía de las prestaciones debe actualizarse en función del dato de novimebre para compensar la pérdida de poder adquisitivo a lo largo del año.
Así, la Seguridad Social desembolsará esa cantidad si el dato definitivo de IPC de noviembre -que se conocerá el 13 de diciembre- coincide con el indicador avanzado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa el alza de los precios en el 2,9%.
Impacto en el déficit público
Como el IPC real se ha situado en noviembre un 2,9%, y el Gobierno aprobó un incremento de las pensiones un 1% en 2012, la compensación sería de 1,9 puntos. O lo que es lo mismo, 1.900 millones de euros (teniendo en cuenta que cada décima de desviación equivale a alrededor de 100 millones) que tendrán su impacto en el déficit público, al no estar presupuestada la partida.
El pasado 23 de noviembre, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señalaba que la prioridad "dentro de las dificultades económicas y el control del déficit", es "defender a aquellos que menos pueden defenderse", en referencia a los pensionistas.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado que la prioridad es "defender a quellos que menos pueden defenderse", en referencia a los pensionistas y que el Gobierno tomará una decisión sobre la revalorización de las pensiones, una vez se conozca la desviación del IPC del mes de noviembre, "entre finales de este mes o principios de diciembre". En rueda de prensa, tras la cancelación de la cumbre europea sobre los presupuestos comunitarios, Rajoy ha señalado que "cuando llegue el momento" el Ejecutivo "tomará la decisión", después de que el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos avanzara este jueves en el Senado que las pensiones subirían conforme a los "criterios vigentes de revalorización", estos es, con el IPC general.
En concreto, la desviación que producirá en el déficit público es de dos décimas (0,2% del PIB), cifra que debe asumir la Seguridad Social, que tendría que acabar el año en equilibrio presupuestario.
El Gobierno ha reconocido que esto no ocurrirá y ha estimado en unos 10.500 millones de euros, un 1% del PIB. Se desconoce si esta desviación de déficit público incluye lo anterior, la revalorización de las pensiones.
En cualquier caso, el Gobierno espera que este 1% de desviación presupuestaria pueda ser asumido por la Administración Central del Estado. Hasta octubre, el déficit de la Administración central se situó en el 4,13% del PIB, a menos de cuatro décimas de su objetivo (4,5%).
Hacienda sigue manteniendo que éste se cumplirá, ya que en noviembre y diciembre el déficit se seguirá moderando, y que si la Administración central sigue reduciendo su saldo negativo podría asumir -sin pasarse de su objetivo- el desvío estimado para la Seguridad Social.
Del resto de administraciones, solo se conocen datos del déficit de las comunidades autónomas hasta junio, cuando se situó en el 0,77%, la mitad del objetivo para todo el año (1,5%). El déficit que España tiene comprometido con Bruselas -el de todas las administraciones públicas- es el 6,3%.