Los centros pertenecientes a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai) radicados en Aragón cobrarán a partir de ahora a las mujeres que soliciten sus servicios, en lugar de esperar a que sea la Administración la que reenbolse el importe, como establece la ley. El Ministerio de Sanidad ha recordado a Aragón que deben "buscar fórmulas" que garanticen el acceso a todas las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
Según han informado las clínicas de Acai, la Consejería de Sanidad de esta comunidad debe a los centros 800.000 euros y lo peor es que su presupuesto de 2012 no recoge ninguna partida para sufragar prestación sanitaria de aborto provocado.
De esta forma, indican las clínicas, "salvo que la Administración ofrezca una solución que los centros consideran posible y viable, las mujeres que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación a partir del día 3 de mayo, toda vez que concluya el periodo preceptivo y obligatorio de reflexión que establece la ley".
Ante esta situación, los centros informarán a las mujeres de su derecho a la gratuidad de la prestación y les facilitarán toda la documentación que pudieran precisar para reclamar el pago de la intervención a la administración aragonesa.
"En un esfuerzo por atender las interrupciones más costosas y complejas para la mujer", los centros seguirán asistiendo con cargo al Servicio Aragonés de Salud, si lo acepta, todas las interrupciones que respondan al supuesto de patología fetal (artículo 15 de la norma), añadieron las clínicas.
Aragón garantiza el servicio a las mujeres
El Gobierno aragonés garantizará la continuidad de la prestación del servicio público de interrupción del embarazo con medios propios o en clínicas de comunidades limítrofes, tras la decisión de los dos centros privados que lo realizaban de suspender el acuerdo debido a la deuda acumulada.
La reacción del Ejecutivo regional se ha producido unas horas después de hacerse pública la decisión de suspensión del acuerdo. Fuentes del Departamento de Salud y Consumo reconocían el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo, y expresaban su compromiso a "seguir manteniendo ese servicio".
Estas fuentes se has mostrado, además, "muy sorprendidas" por el anuncio, ya que desde el Departamento, "conscientes de lo sensible y delicado" del problema, se les propuso la pasada semana pagar la deuda a plazos, 250.000 euros antes de diez días, otros 150.000 antes del verano y el resto antes de concluir el año.
Sanidad insta a Aragón a garantizar la atención
Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha recordado a las comunidades que deben "buscar fórmulas" para garantizar el acceso de sus ciudadanos a todas las prestaciones que incluye la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Así lo han asegurado fuentes del departamento de Ana Mato consultadas por Europa Press, que confían en que el Gobierno aragonés encuentre una solución para que esta prestación se siga llevando a cabo con normalidad en esta comunidad.
Desde el ministerio recuerdan a las clínicas que no son las únicas perjudicadas por la deuda de la comunidad, ya que también afecta a otros proveedores como laboratorios, empresas de tecnología sanitaria u oficinas de farmacia.
Ante esta circunstancia, el Ministerio de Sanidad, que todavía no se ha puesto en contacto de forma oficial por Aragón por este motivo, ha asegurado que estará vigilante en caso de que se produzca algún problema en el acceso de las mujeres aragonesas a esta prestación.
El PSOE pedirá que Mato comparezca
Por su parte, el PSOE pedirá la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para que explique las medidas que adoptará el Gobierno, según ha anunciado la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, en un comunicado en el que exige a la ministra que aclare "qué medidas piensa adoptar para hacer cumplir la ley a las comunidades autónomas que incumplen a las mujeres ejercer sus derechos".
La responsable federal de Igualdad se ha hecho eco de la "preocupación e inquietud" que, en su opinión, se ha generado tras la decisión en Aragón, porque "muchas CCAA gobernadas por el PP están dejando sin efecto la ley de salud sexual y reproductiva e IVE al dificultar su aplicación efectiva".
Causapié exige a Mato que explique si el Gobierno está pensando en sacar la interrupción voluntaria del embarazo de la cartera básica de servicios sanitarios, tal y como dice, según el PSOE, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
"Parece que el proyecto anunciado por Gallardón para eliminar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, están haciéndolo efectivo ya algunos Gobiernos del PP, aunque con ello están incumpliendo la ley", ha denunciado la dirigente socialista, que ha subrayado que "la ley de salud sexual y reproductiva está en vigor y su obligación es garantizar su cumplimiento".
Todo ello, según Causapié, "es una muestra más de cómo el PP está utilizando la crisis como excusa para hacer una verdadera marcha atrás en los derechos de las mujeres". "Con estas políticas -ha concluido- las mujeres de este país retrocedemos más de 30 años".