El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, en la cárcel desde hace ya un mes, recurrirá nuevamente el auto de prisión dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, y solicitará su puesta en libertad.
El abogado del imputado, Fernando de Pablo, ha anunciado a Europa Press que su intención es recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto de prisión dictado por la juez Mercedes Alaya, pues "no está de acuerdo" con los argumentos esgrimidos por la magistrada. De este modo, y según ha explicado el letrado, tiene de plazo hasta la próxima semana para presentar el escrito.
La juez, en un auto dictado el pasado 28 de marzo, confirmó la prisión comunicada y sin fianza del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, ya que entiende que si lo dejara en libertad podría darse a la fuga y, de esta manera, "beneficiar" a "otros personajes de esta gran trama" por los que todavía no ha sido interrogado.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya considera que el testimonio de Guerrero "es fundamental" para la incriminación de otras personas "con las que ha mantenido estrecha relación", sobre todo "teniendo en cuenta que a la primera declaración judicial le podrían seguir varias, en las que será interrogado por otras ayudas y por otros personajes de esta gran trama, por lo que es claro que su fuga podría beneficiar a muchos".
“Es claro que su fuga podría beneficiar a muchos“
Este riesgo de fuga "debe ser valorado sobre todo a la vista de las presuntas entregas de dinero que recibió ilícitamente en el ejercicio de su cargo", señala la juez, que dice no compartir la idea de la defensa de Guerrero de que "las futuras implicaciones serían sobre personas de perfil más bajo, pues a nivel de la presente instrucción judicial el perfil se mide por el grado de conocimiento que tenga el testigo o el imputado, no por la categoría profesional o política que posean, pues es claro que a través de estos testimonios se pueden subir peldaños" en la investigación.
"Es claro que Guerrero, a lo largo de su prolongado cargo, tuvo colaboradores de importancia, tanto dentro como fuera de la Administración, por lo que sus aportaciones deben ser protegidas de cualquier contaminación que proceda de Guerrero en su ánimo de defenderse", y recuerda que en el auto de prisión "también se valoró el riesgo de que pudiera entorpecer la instrucción de la causa de quedar en libertad por la posibilidad de acceder por sí o a través de terceros a fuentes de prueba externas a la Administración o para influir sobre otros imputados o testigos".
Al hilo de ello, la magistrada dice que el relato del que fuera de su exchófer, Juan Francisco Trujillo, que ingresó en prisión el pasado día 21 de marzo, "no puede ser más esclarecedor para el fin que venimos exponiendo, pues mencionó documentos y diversas personas de gran interés para la causa que podrían verse afectadas por la influencia de Guerrero", a quien la juez mandó a prisión imputado por sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
Podrían imputarse nuevos delitos
La juez, igualmente, confirma la prisión de Guerrero "ante la impresionante gravedad de los delitos que se le imputan" y que "probablemente irá sumando otros", pues los hechos que le fueron imputados en su día "se han extendido considerablemente" tras la declaración de Trujillo, y ello en base "a una supuesta factura falsa que una empresa de Trujillo emitió a Comercial Alimentaria Dhul sin haberse realizado para esta sociedad trabajo alguno".
Este documento, según la magistrada, "dio pie a que el exchófer fuera interrogado por la existencia de más facturas falsas, y que Trujillo reconociera la realidad de varias sin descartar la existencia de otras, que serían abonadas por las distintas entidades en atención a Guerrero, probablemente por favores atendidos por el referido director general o en curso de conceder".
A todo lo anterior, prosigue la juez, "debe unírsele el asunto sobre el que Trujillo informó en su declaración relativo a los dos sobres con dinero destinados a Guerrero que él recibió de manos del director general de Vitalia, Antonio Albarricín", por lo que "el examen de la contabilidad de la misma podrá arrojar luz sobre este hecho o hechos similares".
Una prolongada actividad delictiva
A su juicio, "efectuando un mero cálculo de probabilidades, lo previsible es que en el futuro resulten nuevos hechos delictivos presuntamente cometidos por Guerrero, aunque en su realización también hayan participado otras personas, pues con independencia de las numerosas declaraciones que hayan de tomarse, quedan aún por recabar y examinar numerosa documentación, pieza esencial de este procedimiento de donde se puede extraer la mayor parte de la prolongada actividad delictiva cometida en el seno" de la Junta.
Así, se opone a la petición de libertad de Guerrero subrayando que "los indicios son tan sólidos que determinan una alta probabilidad de que resulte condenado y a penas extraordinariamente elevadas", mientras que rechaza que el arraigo familiar defendido por su letrado pueda evitar el riesgo de fuga, "pues su familia podría seguirle a donde decidiera marcharse, sobre todo teniendo en cuenta la corta edad de su hija".
Asimismo, "es incontestable que el presente procedimiento le está generando un daño irreparable a él mismo, a su familia y a su entorno, por lo que resulta obvio que el desarraigo social se ha producido, pues es inmensa la alarma social creada con tales hechos", y a ello se suma que "es precisamente ahora cuando ha tenido conocimiento con la suficiente concreción, ante este maremágnum de documentación que se maneja, de los hechos que se le imputan".
Tras apuntar la posibilidad de que se desarrollen nuevas líneas de investigación "que podrían incrementar su indiciaria responsabilidad", la magistrada asevera que Guerrero, "aunque lo hiciera en connivencia con otros, habría manejado de forma absolutamente arbitraria los fondos públicos, en beneficio de terceros y del suyo propio, actuando con total desprecio al derecho y a lo más elementales principios de la gestión pública".