Los irlandeses han sido convocados a las urnas el próximo 31 de mayo para decidir en un referéndum la ratificación del nuevo tratado de la Unión Europea (UE) sobre disciplina presupuestaria, el llamado pacto fiscal, según ha anunciado el Gobierno de Dublín.
El viceprimer ministro irlandés y titular de Exteriores, Eamon Gilmore, ha confirmado ante el Parlamento la fecha de la consulta popular, en la que poco más de tres millones de irlandeses tienen derecho a voto.
El pacto obliga a los países firmantes a incluir en su Constitución o ley de rango similar la llamada "regla de oro", que obliga a mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5% del PIB. España, Italia y Alemania ya lo han hecho.
Además, el acuerdo contempla sanciones automáticas para quienes sobrepasen el 3% que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Todos los países de la Unión Europea, con excepción del Reino Unido y de la República Checa, lo rubricaron.
Bruselas, pendiente
El referéndum irlandés no impedirá que entre en vigor el pacto. El Tratado será efectivo en el momento que 12 países de la eurozona lo aprueben, por lo que un eventual rechazo de Irlanda no supondría el veto al acuerdo, aunque sí un varapalo a la gobernanza de la eurozona.
No obstante, el requisito legal preocupa en Bruselas y con razón: hasta dos consultas necesitó el electorado irlandés para dar luz verde al Tratado de Niza en 2002 y al de Lisboa en 2008.
El mayor riesgo de que los irlandeses rechacen el texto reside en que el país, al pertenecer a la eurozona, no podría beneficiarse del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), el fondo de rescate permanente dotado con 500.000 millones de euros, al estar ambos pactos vinculados entre sí.
Y hay que recordar que Irlanda se beneficia en estos momentos de un plan de ayuda de la UE por valor de 85.000 millones de euros.