La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes en el Senado que se modificará el Código Penal para introducir penas de inhabilitación para los políticos que gasten en exceso el dinero público o cometan "grave negligencia" en la gestión pública.
Saénz de Santamaría ha hecho este anuncio en una comparencia en el Senado, en la que ha anunciado que estas modificaciones se incluirán en una Ley Orgánica "complementaria" a la ley de transparencia y buen gobierno anunciada por Mariano Rajoy, cuyo anteproyecto el Gobierno aprobará en abril y cuya redacción se abrirá a la participación ciudadana.
La vicepresidenta ha señalado que se castigarán las conductas "más graves" en la mala gestión pública y, para tipificar esas infracciones penales, se tendrán en cuenta criterios de "intencionalidad", la "grave negligencia" en el ejercicio de las funciones públicas, el "quebranto de la Hacienda Pública" o el que se causen "graves perjuicios" a los servicios que financia.
Para la elaboración de esta ley de transparencia se someterá el texto a "un amplio trámite de audiencia pública" y se facilitará la intervención de los ciudadanos en la redacción a través de las webs institucionales y con la apertura de un buzón de sugerencias para que aporten sus "críticas" y propuestas.
Sáenz de Santamaría ha explicado que este plan se presentará oficialmente en la conferencia internacional que se celebrará en Brasil el 17 y 18 de abril, cuando España se adherirá a la declaración de principios de gobierno abierto, de forma que se sitúe "en la vanguardia de las exigencias de transparencia".
También ha indicado que se establecerán principios éticos y obligaciones de actuación concreta para los cargos públicos y, además de infracciones penales, habrá sanciones para las infracciones administrativas. En este sentido, ha señalado que se sancionará y penalizará a quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento, a quienes comprometan gastos sin crédito suficiente para su financiación, a quienes eludan el reflejo contable y a quienes no colaboren con la Justicia o los órganos de fiscalización.
Refuerzo del TC
La vicepresidenta, como ya hiciera en su comparencia en el Congreso, también ha anunciado que se recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía en virtud de la Ley Orgánica que prepara el Ejecutivo para que el Tribunal Constitucional "responda con mayor agilidad a su función de garantizar la constitucionalidad de las leyes".
Para este propósito de mejorar el funcionamiento del Alto Tribunal, Sáenz de Santamaría también ha anunciado que "se redefinirá el recurso de amparo", vía por la que entran el 98% de los asuntos, lo que se quiere "evitar".
El recurso previo fue eliminado en el año 1985 y el PP ya reclamó que se recuperara a raíz de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fue examinado por el TC una vez aprobado y votado en referéndum.