La vicepresidenta, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado un paquete de medidas de austeridad en la administración pública que incluye la reducción del número de organismos, el establecimiento de criterios de homologación de retribuciones de directivos y consejeros en empresas públicas y reducción efectiva del número de miembros de los Consejos de Administración.
Sáenz de Santamaría ha abierto este martes la ronda de comparecencias parlamentarias de los ministros de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, donde todos ellos explicarán las prioridades de sus respectivos departamentos. En dos semanas irán pasando uno a uno todos los ministros del Gobierno.
En la exposición de sus objetivos, centrados, por un lado, en la salida de la crisis y, por otro, en la regeneración institucional y en la austeridad en la administración, la vicepresidenta ha anunciado además la reforma de la ley de subvenciones públicas, en el marco de una ley de transparencia y buen Gobierno, que llegará al Congreso antes del verano.
Tras la comparecencia de la número dos del Gobierno, el PSOE ha tendido la mano a pactos contra la crisis y ha pedido al Gobierno que mantenga la ley de la memoria histórica.
Mayor transparencia en las subvenciones públicas
Esta nueva ley supondrá la prohibición de las subvenciones nominativas y una mayor transparencia en la gestión de las ayudas públicas, entre otras medidas.
La ley de transparencia posibilitará que los ciudadanos conozcan, por ejemplo, el coste de las cumbres internacionales, a quien se concede las subvenciones o lo que ganan los altos cargos.
"Tenemos que salir de la crisis pero además tenemos que hacerlo sacando algo en claro", ha señalado la protavoz del Gobierno, quien ha abogado por acabar con "estructuras que no funcionan y comportamientos que nos cuestan demasiado".
A los objetivos económicos ya marcados por el presidente del Gobierno- aprobación del anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria y de las reformas laboral y del sector financiero- se unen objetivos marcados este martes por la vicepresidenta con la base de la austeridad, la transparencia, la responsabilidad y la regeración democrática.
La número dos del Gobierno ha cifrado en 4,4 milones de euros el ahorro que ha supuesto para las arcas del Estado la reducción de altos cargos y puestos de confianza en los distintos ministerios.
El Gobierno controlará "estrictamente" el uso de los aviones oficiales para los viajes de los ministros y establecerá una reducción del gasto en alquileres para sedes de instituciones del Estado
Por lo que se refiere al BOE, ha apuntado que se buscará un boletín "más personalizado", a través de "mecanismos de selección de contenidos y de comunicación de alertas", que respondan a "las necesidades individuales de los interesados" y respecto al CIS ha dicho que se quiere avanzar en "una mayor transparencia de los datos de análisis de la coyuntura social".
Responsabilidad penal para infracciones graves en la gestión pública
Sáenz de Santamaría ha señalado que se incluirán en el Código Penal para tipificar como delito las "infracciones más graves en la gestión de los fondos públicos".
Se exigirá la máxima responsabilidad a los gestores que "malgasten", ya que podrían incluso hasta comparecer ante la Justicia.
"Quien gaste más de lo razonable, quien hipoteque el futuro de los demás, deberá responder ante los ciudadanos y si es necesario ante la justicia", ha remarcado la vicepresidenta en la Comisión Constitucional de la Cámara.
En concreto, ha explicado que a la hora de tipificar los nuevos delitos se tendrán en cuenta "criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia".
Renovación del Constitucional para recuperar el "prestigio"
La renovación del Tribunal Constitucional es otra de las asignaturas pendientes que ha planteado la vicepresidenta en su comparecencia. "Hay que recuperar el prestigio del Alto Tribunal", ha señalado la portavoz, quien aboga por retomar las negociaciones para alcanzar un acuerdo.
En el marco de esta renovación, el Gobierno defiende el recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía y la reforma del actual recurso de amparo.
También, tal y como anunció ella misma en el último Consejo de Ministros, la reducción "al mínimo" del número de organismos reguladores.
Ha concretado y ha anunciado la eliminación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales ya que su labor de defensa de los espectadores se puede desarrollar desde otros organismos o la Comisión Nacional del Juego.
Por otra parte, ha planteado como objetivo prioritario el nombramiento del nuevo Consejo de RTVE. En este sentido, ha anunciado que este miércoles se reunirá con el Consejo para analizar la forma de acometer el ajuste presupuestario de 200 millones de euros anunciados para la radiotelevisión pública. El Gobierno encargará una auditoría para ver cómo reducir los costes de explotación.
La número dos del Gobierno se ha comprometido, por último, a que el Gobierno comparezca ante la Cámara Baja cada vez que se reúna la Comisión Delegada para Situaciones de Crisis.