El Gobierno ha aprobado un Real-Decreto por el que limita a 105.000 euros anuales como máximo el sueldo base de los directivos de las mayores empresas públicas estatales, lo que implica una bajada media de entre el 25 y el 30% en sus retribuciones, una cifra que "podría llegar a ser del 35% en las empresas más pequeñas".
Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que no ha querido cifrar el ahorro hasta que no se lleve a cabo la reestructuración de los diferentes consejos de administración, que no podrán tener más de 15 miembros en ningún caso.
Además, se reducirá el número de consejeros de las empresas públicas estatales
Los directivos a los que se limita el sueldo base tendrán un complemento de puesto, de responsabilidad, y cobrarán una cantidad variable ligada al cumplimiento de los objetivos de cada empresa, pero no retribuciones en especie. La ministra de la Presidencia ha defendido la adopción de estas medidas, entre otros, por un criterio de transparencia, ya que "antes los ciudadanos no podían conocer las retribuciones de los directivos del Sector Público".
Retribuciones en función del tamaño de la empresa
Esos 105.000 euros de retribución base son para los directivos de las grandes empresas, pero los directivos de empresas medianas cobrarán como límite 80.000 euros al año; y las de menor dimensión, 55.000 euros anuales.
Sobre este punto, la vicepresidenta ha puesto tres ejemplos: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde la retribución fija es de 200.600 euros anuales, cuya bajada será de un 27%; Navantia, donde el sueldo del consejero delegado será un 28% menor; y Hunosa, donde cobrará un 23% menos.
“Entendemos que las retribuciones son razonables“
"Son retribuciones inferiores a las del sector privado, pero entendemos que son razonables", ha afirmado Sáenz de Santamaría, que ha señalado que el Ejecutivo ha tenido muy presente que, al tratarse de empresas públicas, es dinero de todos. La portavoz del Gobierno ha querido destacar que "solo en dietas se ahorrará un millón de euros".
Cobro de variables por objetivos
De esta manera se homologan los sueldos de los directivos de empresas estatales y se equiparan con los de los subsecretarios generales de los Ministerios, según ha afirmado la portavoz del Ejecutivo.
“Los directivos tendrán un complemento de puesto“
Sáenz de Santamaría ha señalado que los directivos contarán con un complemento de puesto o responsabilidad -"no es lo mismo el presidente que un directivo"-, con un límite que fijará el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Además tendrán derecho a una retribución variable, "pero no retribuciones en especie a mayores, como el pago de la vivienda, los planes de pensiones, manutención o seguros".
"Hoy por hoy los directivos de las empresas públicas están cobrando variables, no siempre vinculados a los resultados de la entidad. Ahora los vinculamos a objetivos muy estrictos y topar el límite en su conjunto", ha afirmado Sáenz de Santamaría, que también ha anunciado la reducción del número de miembros de los consejos de administración.
Consejos de Administración más pequeños
Además, se espera se suprimirán "un centenar de consejeros" del sector público empresarial ya que se limita a 15 el número de miembros que puede tener un Consejo de Administración para las empresas más grandes. Para las empresas de tamaño mediano, el límite será de 12 y para las más pequeñas, de nueve.
Sáenz de Santamaría ha puesto un ejemplo: "Tragsa, que tiene 22 miembros en el consejo de administración, si se considerara como una empresa grande solo podrá tener 15".
Las entidades públicas se clasificarán en tres grupos atendiendo a criterios como el volumen o cifra de negocio, el número de trabajadores de la sociedad, la necesidad o no de financiación pública, el volumen de inversión o las características propias del sector en el que desarrolla su actividad, se especifica en la reseña del Consejo de Ministros.
Todas estas medidas, las del número de consejeros como su retribución, serán de obligado cumplimiento para el ámbito estatal, pero no para comunidades autónomas y corporaciones locales, donde se intentarán impulsar medidas similares.