El ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, ha anunciado en Davos que el Gobierno impondrá un déficit estructural cero para las Comunidades Autónomas a partir del año 2020, mientras que hasta entonces se irá reduciendo progresivamente dentro de los objetivos que fije la Comisión Europea.
En un encuentro con medios de comunicación españoles en el Foro Económico Mundial, De Guindos dijo que "el compromiso de este Gobierno con la estabilidad presupuestaria es absoluto". El objetivo del Gobierno español a día de hoy es un déficit presupuestario del 4,4% para 2012 y del 3% para el 2013.
De Guindos, ha señalado que la ley de estabilidad presupuestaria, cuyo anteproyecto acaba de aprobar el Consejo de Ministros, será "más estricta que la que hay en Bruselas para el resto de los estados miembros de la Eurozona". El objetivo, según el titular de Economía, es "controlar e imponer una mayor transparencia en las CC.AA., una de las mayores fuentes de desviación (en materia de déficit)".
El Consejo de Ministros de este viernes va a aprobar el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad que afecta a todas las administraciones públicas.
Montoro se inspira en Europa
Posteriormente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha recordado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que se traslada a la legislación española la normativa europea sobre sanciones e inspecciones a las administraciones incumplidoras. Para ello todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit y ninguna podrá incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales, a partir de 2020.
Hasta esa fecha serán los programas de estabilidad de Bruselas los que determinen los objetivos de déficit. La administración pública que incumpla el plan económico-financiero deberá constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.
El anteproyecto prevé también que las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad sean asumidas por la Administración responsable, de forma que se podrán imponer multas de hasta el 0,2% del PIB a las regiones que incumplan sus objetivos.
En principio, las comunidades dieron su visto bueno al plan que les presentó Montoro la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pese a que previamente habían alertado de que la norma podría limitar su autonomía.