Como complemento a la reforma laboral de 2012 que afecta al conjunto de los trabajadores, el Gobierno ha aprobado limitar las indemnizaciones de los directivos de entidades financieras (y prohibirlas a los que sean sancionados) y de los directivos del sector público.
Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha destacado que en el caso de los directivos que hayan sido objeto de un expediente sancionador "su cese será considerado como un despido disciplinario" y no tendrán derecho a ninguna indemnización.
En caso de que sí haya derecho a indemnización, habrá un límite que, simplificando, será de dos años de sueldo. Esta medida se conoce un día después de que el Banco de España haya abierto expediente sancionador a los anteriores gestores de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), intervenida en julio pasado.
Además, el Ejecutivo también ha decidido limitar a 7 días por año trabajado (con un límite máximo de seis mensualidades) el finiquito que cobrarán los directivos de empresas y organismos públicos cuando cesen en su actividad, en un momento en que precisamente el Gobierno ha anunciado un recorte de este sector.
Los directivos que se reincorporen a su puesto anterior en la Administración no tendrán indemnización.