El Tesoro Público ha adjudicado 2.941 millones de euros en letras a tres y seis meses y, por segunda semana consecutiva, ha logrado pagar menos por su emisión, gracias al respaldo del Banco Central Europeo (BCE), que volvió a comprar deuda soberana europea.
Así, el Tesoro ha adquirido 805 millones en letras a tres meses con un interés del 1,388% , cifra por debajo del 1,95% de la anterior subasta, y 2.135 millones en letras a seis meses al 2,219%, un rendimiento inferior al 2,65% precedente.
El BCE compró la semana pasada deuda soberana europea por valor de 14.291 millones de euros, especialmente bonos italianos y españoles, para frenar los ataques especulativos y evitar un contagio a estos países de la crisis de endeudamiento de la zona del euro. Con esta intervención, el volumen de deuda pública adquirida por el BCE superaba los 100.000 millones de euros.
La adquisición de títulos soberanos por el organismo se enmarca en los acuerdos alcanzados por los líderes de la zona euro, el pasado 21 de julio, cuando se aprobó el segundo rescate financiero de la economía helena y se dio luz verde a la posible intervención del BCE en el mercado de deuda secundaria de los países de la zona euro, incluidos los países rescatados, como Grecia, Irlanda y Portugal, para aliviar la presión de los mercados.
Es la segunda vez en una semana que el Tesoro español coloca deuda, ya que consiguió adquirir 5.696 millones de euros en letras a 12 y 18 meses a un interés más bajo la semana pasada.
Esta será la última subasta de agosto y la primera desde que el Gobierno aprobara las nuevas medidas de ajuste para cumplir los objetivos del défitit: el adelanto del pago del Impuesto de Sociedades, la bajada del IVA del 8% al 4% en la compra de vivienda nueva y el recorte del gasto farmacéutico.
Además, la subasta está marcada por la por la búsqueda de soluciones en el seno de la UE, que la semana pasada cristalizó en la propuesta del presidente francés, Nicolás Sarkozy, y de la canciller alemana, Angela Merkel, de introducir en las constituciones de cada Estado Miembro un objetivo de equilibio presupuestario y solicitar, además, la imposición de una nueva tasa que grave las transacciones financieras.