El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado este martes que aplicar en España el "modelo austríaco", es decir, crear un Fondo de Capitalización para los trabajadores en caso de despido, supondría aumentar las cotizaciones sociales de las empresas en torno al 1,5%.
Durante su intervención en el curso de verano El nuevo sistema financiero, las nuevas infraestructuras y el nuevo mercado laboral, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Gómez ha subrayado, además, que prevé que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente se sitúa en 641,40 euros al mes, suba entre el 1,5% y el 2,5% en el año 2012.
Esta subida salarial está en línea con los dispuesto en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2010-2012, en el que se contempla un aumento de entre el 1% y el 2% en 2011 y de entre el 1,5% y el 2,5% en 2012, con cláusula de revisión salarial a final del ciclo y cláusula de descuelgue (o de inaplicación) para las empresas que acrediten dificultades para hacer efectiva la subida salarial pactada.
Las organizaciones sindicales ya han calificado la subida de "insuficiente".
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha asegurado que la subida del salario mínimo interprofesional anunciada por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, es insuficiente y hablado de "compromiso olvidado". "El Gobierno ha incumplido un compromiso con la sociedad española: que el salario mínimo al final de legislatura sea de 800 euros", ha dicho Méndez. Por su parte, Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC.OO. ha señalado que cree inevitable subir las cotizaciones sociales de las empresas, lo que indica la improvisación de la reforma laboral.
Además, Gómez ha pronosticado que el IPC seguirá bajando en los próximos meses si continúa la tendencia registrada en los segmentos de alimentación y carburantes. "El Gobierno espera una reducción del IPC si no hay cambios en la parte del subyacente", ha señalado Gómez.
Fondo de capitalización para despidos
Según Valeriano Gómez, el informe elaborado por los expertos sobre este tema muestra que "no hay un atajo para diseñar este fondo y no subir las cotizaciones sociales". Para el ministro de Trabajo, el aumento del 1,5% no sería "sustancial", pero sí que tendría lugar en un momento poco oportuno.
A pesar de que el Gobierno había defendido desde el comienzo que la creación de estos fondos, que serán personales de cada trabajador y que servirán para cubrir parte de la indemnización en caso de despido, no conllevaría un aumento de las cotizaciones, finalmente ha asumido que deberá de haber un incremento en las mismas.
El informe de los expertos señala que no será posible mantener las cotizaciones en su nivel actual y fija una serie de alternativas que el Ejecutivo debatirá en "las próximas semanas" con las organizaciones sindicales y empresariales para tratar de lograr un acuerdo sobre la configuración de este fondo.
Otra opción, financiarlo con excentes del Fogasa
Otra opción que recoge el informe del grupo de expertos es mantener el modelo transitorio que recogió la reforma laboral y que supone que se financiaría con los excedentes del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
El mantenimiento de forma permanente del modelo diseñado para el periodo transitorio permitiría no subir las cotizaciones ahora, algo que, para Gómez, sería lo recomendable, ya que "no es el mejor momento para hacerlo".
No obstante, el ministro ha advertido de que esta opción serviría para no tener que incrementar las cotizaciones en el corto plazo, pero, en el futuro, cuando se agoten los excedentes del Fogasa, también supondría un aumento de las mismas.
En concreto, el ministro apuntó que en la actualidad el fondo tiene un excedente acumulado de unos 2.200 millones de euros, lo que permitiría cubrir el gasto derivado del modelo austriaco durante "cuatro o cinco años". Después, habría que subir las cotizaciones con una cantidad superior al 0,2% actual.
Negociación colectiva
El ministro de Trabajo e Inmigración ha afirmado además que el Gobierno mantendrá un "nivel de apertura razonable" en la tramitación parlamentaria de la reforma de la negociación colectiva, pero ha subrayado que no introducirá cambios que afecten a la ultraactividad de los convenios ni a la flexibilidad interna de las empresas.
Las dos son "piezas esenciales del diseño de la reforma" y, por lo tanto, "no deberían verse alteradas" durante la tramitación parlamentaria.
En concreto, el Ejecutivo no quiere que se altere la decisión de no eliminar la ultraactividad de los convenios, es decir, el mantenimiento de sus condiciones más allá de su vigencia mientras se negocia un nuevo acuerdo.
Tampoco permitirá que se modifique en lo esencial el modelo de flexibilidad que recoge la reforma, es decir, que no dejará que sean los empresarios los que puedan decidir de forma unilateral, sin contar con el acuerdo de los trabajadores. También defenderá que, en ambos casos, cuando no haya acuerdo, el conflicto se solucionará mediante un proceso de arbitraje o de mediación.