El acuerdo sobre la reforma de las normas de disciplina presupuestaria en la eurozona, que prevé sanciones equivalentes al 2% del PIB para los países que incumplan el objetivo de déficit, está prácticamente cerrado, según ha anunciado este martes la vicepresidenta española de Economía, Elena Salgado.
"Ayer tuvimos una cena muy fructífera. Llegamos a un acuerdo prácticamente en todos los temas. Así que creo que la reunión de hoy será muy productiva, para ratificar lo que ayer informalmente discutimos. No habrá problema", ha señalado Salgado, antes de reunirse con sus homólogos de la Unión Europea en Bruselas.
Sistema de sanciones
La ministra española ha explicado que el sistema elegido para agilizar la aplicación de sanciones, conocido como la "mayoría inversa", se va a utilizar en la parte relativa a la salud de las finanzas públicas, pero no en la referida a los desequilibrios macroeconómicos -como las burbujas inmobiliarias-, tal y como deseaba España.
"La aplicación de las mayorías inversas se va a utilizar para todos los temas fiscales. No para los desequilibrios macroeconómicos que, tal y como hemos dicho siempre en España, tienen razones muy diversas que no siempre son fáciles de evitar por parte de los estados", ha explicado Salgado.
En cambio, España no ha logrado que el superávit comercial excesivo sea penalizado en la nueva regulación, que formará parte del paquete global de medidas contra la crisis de la deuda que la UE pretende anunciar en la próxima cumbre de los 24 y 25 de marzo.
Sanción de 2.000 millones de euros
"No se penalizará, pero los desequilibrios en ambos lados están contemplados como desequilibrios macroeconómicos", ha explicado Salgado, quien considera que "penalizar no es la palabra correcta", aunque sí se mencionará la necesidad de abordar ambos aspectos para mejorar la competitividad.
La zona del euro lleva meses enfrascada en la mayor reforma de la disciplina fiscal común desde la creación de la moneda única, que incluye nuevas sanciones políticas y financieras contra los países incumplidores, mediante un complejo sistema de activación que pretende ser más automático y menos dependiente del consenso de los Veintisiete.
Las sanciones, que se aplicarán a los países con problemas fiscales o de competitividad, podrían alcanzar hasta el 2% del PIB del país afectado, que en el caso de España alcanzaría los 2.000 millones.
De llegar a un acuerdo de principios durante la reunión de este martes, cinco de los seis textos legislativos que constituyen este paquete deberán aún ser negociados con el Parlamento Europeo, con la intención de que el conjunto de documentos sea formalmente aprobado de cara al verano.