Bélgica hará esta medianoche historia por tener la crisis política más larga del mundo, después de 249 días sin gobierno, un récord contra el que la ciudadanía ha protestado en clave de humor con la llamada "Revolución de las Patatas Fritas".
En realidad, no ha habido patatas, icono gastronómico belga elegido por los organizadores para simbolizar la unidad del país, ni participación masiva, pero no han faltado banderas nacionales ni consignas contra el fantasma de una hipotética división del país.
El pueblo belga
"Es una pena que hayamos batido el récord mundial (de días sin gobierno, que hasta ahora detentaba Irak), no era nuestra intención", ha asegurado este jueves el líder del partido separatista flamenco N-VA, Bart De Wever, ganador de los comicios de junio al que muchos señalan como el principal instigador del bloqueo político.
"Estamos listos para negociar, pero hace falta una nueva hoja de partida", ha añadido en referencia a la necesidad de negociar una verdadera reforma del Estado con más poderes para las regiones antes de formar un nuevo ejecutivo.
La clave de humor se ha extendido a la publicidad, y algunos anuncios de prensa han aprovechado la fecha para promocionar con ironía sus productos, mientras que los medios de comunicación han emzclado en ediciones y programas los sarcasmos y la resignación.
Por segunda vez en menos de un mes, los estudiantes han empleado las redes sociales para convocar protestas simultáneas en varios puntos del país. En Bruselas, entre 1.100 y 2.500 personas, según la policía local y los organizadores, respectivamente, han particioado en una concentración frente al Palacio de Justicia.
Más festivos, los estudiantes de Gante han organizado un "striptease" colectivo en el que 249 personas, una por cada día sin gobierno, tenían intención de desnudarse como protesta, aunque al final los atrevidos han sido menos.
También se han organizado eventos en las ciudades valonas de Lovaina La Nueva y Lieja y en las flamencas de Amberes y Lovaina, aunque la acogida fue menor que en la manifestación "Shame" ("Vergüenza", en inglés) que el pasado 22 de enero concentró a más de 30.000 personas en Bruselas.
"Bélgica no es Egipto"
Como trasfondo, las manifestaciones tienen el fantasma de la escisión del país, de la que es partidario el N-VA.
"No se sabe qué pasará con Bélgica en 20 ó 30 años" pero "el final del país no está cerca", ha asegurado a la agencia Efe el politólogo Carl De Vos, de la Universidad de Gante.
"La crisis política no nos hace ningún favor en la escena internacional, en especial en el plano económico", reconoce De Vos, quien recuerda que Bélgica tiene un Gobierno en funciones y ejecutivos regionales fuertes que cumplen con sus obligaciones.
"Bélgica funciona, esto no es Egipto", asegura y explica que el país puede mantenerse a flote es gracias a que forma parte de la Unión Europea y de la eurozona.
Preguntado por las posibles soluciones, De Vos descarta la celebración de nuevas elecciones o de un referéndum y opina que los políticos sólo reaccionarán si los inversores dan una advertencia seria al país.
Esta misma idea defiende Caroline Van Wynsberghe, de la Universidad Católica de Lovaina, quien considera que serán las necesidades económicas las que ayuden a salir del bloqueo actual.
Normalidad pese al bloqueo
La caída del Gobierno en abril de 2010 motivó las elecciones anticipadas del 13 de junio, que arrojaron unos resultados complicados para formar una nueva coalición.
Las negociaciones se han centrado en acordar primero una nueva reforma del Estado, exigida por los partidos flamencos, como paso previo a la formación de una nueva coalición.
El Gobierno en funciones tiene competencias limitadas, lo que impide avanzar en cuestiones como la reforma del sistema de pensiones, la sanidad, el marco presupuestario o la inmigración.
Aún así, el país funciona con normalidad y los ciudadanos de a pie no notan en la práctica las consecuencias del bloqueo político.
El rey Alberto II concedió el pasado miércoles más tiempo al actual mediador en la crisis política, el liberal francófono Didier Reynders, quien deberá presentar un informe definitivo el próximo 1 de marzo.