El ex presidente colombiano Álvaro Uribe ha asumido la responsabilidad por las actuaciones de su secretario general, sancionado por el escándalo de las escuchas ilegales, y se ha puesto a disposición del Congreso y la Corte Suprema de Justicia para que lo investiguen.
"Asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta", señala Uribe en un comunicado fechado en Ciudad de Guatemala y dado a conocer este martes por RCN radio.
La Procuraduría destituyó e inhabilitó la víspera por 18 años al secretario Bernardo Moreno y a otros tres de los funcionarios más cercanos a Uribe del servicio de inteligencia DAS, por el escándalo de las escuchas ilegales y espionaje a opositores, periodistas y magistrados.
"Ha sido mi costumbre asumir responsabilidades en la vida pública y en la actividad privada, y esta ocasión no puede ser la excepción", subraya el ex mandatario, que en mayo ya fue citado para declarar como testigo en este caso por la fiscalía.
Uribe recordó que Moreno sólo averiguó ante el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) las denuncias de algunos medios sobre la "posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados". "Nunca sugirió actividades ilegales".
El procurador (fiscal) Alejandro Ordóñez señaló el lunes que el entonces secretario general de Uribe, Bernardo Moreno, se "extralimitó en sus funciones", al realizar en abril del 2008 una reunión en la Casa de Nariño (sede de Gobierno) con funcionarios del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
Esa cita tenía como fin que los funcionarios se enteraran de "información reservada" de un amigo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyo Tribunal sostuvo varias disputas con Uribe.
Nueve funcionarios sancionados, muchos más investigados
Por ese hecho también resultó involucrado el entonces director de la Uiaf, Mario Aranguren, quien fue destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos.
Asimismo, Ordóñez decidió cerrar los casos contra el ex asesor y actual viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman, y el entonces secretario de prensa de Uribe, César Mauricio Velásquez.
En total, la Procuraduría "sancionó disciplinariamente a nueve servidores, ex servidores públicos del DAS, de la Uiaf y la Presidencia de la República por los hechos relacionados con la ilegalidad en procedimientos de interceptaciones y seguimientos realizados a diferentes personalidades".
Ordóñez agregó que existe un proceso pendiente en contra del actual director del DAS, Felipe Muñoz Gómez, "el cual se encuentra en indagación preliminar por posibles irregularidades en la eliminación de información en el servicio de inteligencia", que comprometía a los detectives y jefes de ese despacho.
El escándalo de las escuchas y seguimientos ilegales por parte del DAS, que incluyó a periodistas, opositores, magistrados y a miembros de organismos de derechos humanos, algunos de ellos extranjeros, se destapó en el 2008 por parte de la revista Semana.