El pleno del Congreso ha rechazado hoy jueves las cinco enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley de Economía Sostenible que incluye la polémica Disposición Final Segunda, también conocida como Ley Sinde o Ley Antidescargas (ver texto íntegro en pdf. )
Las enmiendas fueron presentadas por PP, CiU, IU-ICV, UPyD y BNG que rechazaban el texto por considerarlo "claramente insuficiente", "caducado" e "infumable".
Con 176 votos en contra (PNV, CC y PSOE), 169 votos a favor del resto de la Cámara y ninguna abstención, las enmiendas de devolución del proyecto de ley han sido desestimadas, de manera que continuará su tramitación en la Cámara Baja.
Ahora es el turno de aprobar o rechazar las modificaciones parciales solicitadas por los grupos. Entre ellas, destaca la petición del PP de suprimir el canon digital o la petición de IU-ICV de incluir a los representantes de los consumidores y usuarios entre los miembros de la Comisión dependiente de Cultura que gestionará las denuncias contra las webs.
También estarán presentes las enmiendas de Coalición Canaria, que a pesar de haber votado en contra de devolver el proyecto de ley, pedirá modificaciones parciales "propuestas por los internautas".
“Hemos cortado y pegado las propuestas de RedSos“
Fuentes del partido explican a RTVE.es que lo que han hecho es "cortar y pegar" las propuestas enviadas desde Red Sostenible, plataforma que agrupa a asociaciones de internautas y colectivos ciudadanos para luchar contra Ley Antidescargas.
Los grupos parlamentarios llegaron a solicitar hasta doce prórrogas para presentar sus enmiendas al texto, aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 19 de marzo.
Se esperaba que el tramite parlamentario de esta ley anunciada ya hace nueve meses finalizara antes del verano. Sin embargo, pese a las intenciones de Cultura de acelerar el proceso lo máximo posible, no ha sido hasta hoy cuando ha superado su primer trámite parlamentario.
Las claves de la Ley Antidescargas
- La Ley Antidescargas que prevé el cierre de webs que vulneren la propiedad intelectual equipara la protección intelectual con un derecho fundamental, un aspecto que fue cuestionado por el Consejo Fiscal, órgano asesor del Fiscal General del Estado.
- La ley crea la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura que será la que reciba una denuncia de un autor o particular contra una web de descargas. En esta Comisión estarán presentes miembros de la industria cultural.
- Posteriormente se advertirá al propietario de la página denunciada de que debe retirar los enlaces o contenidos que según la comisión violan la propiedad intelectual.
- Si la página web no retirara los contenidos considerados ilegales, la Comisión acudirá a la Audiencia Nacional, en particular los juzgados centrales de lo Contencioso administrativo, que deberá decidir en un máximo de cuatro días sobre el cierre.
- En el proyecto de Ley destaca el siguiente párrafo: "La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial.
- Queda abierta así la interpretación de quién vulnera la propiedad intelectual ya que entrarían no sólo las webs que se lucren con contenidos protegidos por la propiedad intelectual sino también aquellas que, aún no teniendo publicidad "pretendan causar un daño patrimonial".
- Tras su aprobación el pasado mes de marzo en el Consejo de Ministros, la Ley tiene que pasar por el Parlamento para su tramitación y no entraría en vigor hasta 2011.