El pleno del Tribunal Constitucional (TC) se ha vuelto a reunir desde las 10.30 horas de este martes para proseguir con el debate de la última ponencia de sentencia sobre el Estatut de Cataluña, que ha sido elaborada por la presidenta de este órgano, María Emilia Casas.
También sigue teniendo pendiente resolver los recursos interpuestos por la Generalitat y el Parlament relativos a la falta de competencia atribuida al tribunal y contra su negativa a reintegrar en las deliberaciones al magistrado recusado Pablo Pérez-Tremps.
Después de más de tres horas de reunión, los diez magistrados que deliberan sobre los siete recursos presentados contra el Estatut no pudieron alcanzar ayer ningún acuerdo al respecto.
Se espera que durante la sesión de eset martes el tribunal pueda al menos resolver, previsiblemente denegándolas, las pretensiones de la Generalitat, aunque hay que tener en cuenta que ninguno de sus recursos tiene efectos suspensivos sobre el debate de fondo.
Una vez sean resueltos los incidentes procesales, los magistrados podrían interrumpir el Pleno o bien entrar ya a debatir la ponencia de Casas.
Recursos
El recurso relativo a Pérez-Trems fue interpuesto el pasado jueves por la Generalitat después de que el Constitucional rechazara su petición para volver a incluir a este magistrado, que fue apartado de la discusión de la sentencia sobre el Estatut instancias del PP, por haber realizado labores de asesoramiento para la redacción de los preceptos de la norma catalana relativos a las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea.
La Generalitat pide el reintegro de Pérez-Tremps con el fin de reforzar los apoyos progresistas al Estatut dentro del tribunal.
En su escrito, argumentaba que, una vez que se ha planteado la votación de la sentencia artículo por artículo, no habría impedimentos para que este magistrado pudiera estar presente en la votación relativa a los preceptos que no se refieran a las relaciones exteriores del Govern.
En la providencia de rechazo, el Tribunal Constitucional ya señaló que la recusación de este magistrado, que se acordó en febrero de 2007, es "firme e irrecurrible", y que además la pretensión de la Generalitat no es plausible porque si Pérez-Tremps participa en la votación sobre algunos artículos recurridos del Estatut y sobre otros no se rompería "la unidad del proceso".
Por todas estas razones, la súplica tiene muchas dificultades de éxito.
Competencia
Además, queda aún pendiente el recurso de súplica presentado tanto por la Generalitat como por el Parlamento Catalán contra la decisión de éste órgano de no declarase incompetente.
La deliberación sobre este recurso se produce una vez ha concluido el plazo dado a la Abogacía del Estado, al Congreso, al Senado y a los siete recurrentes del Estatut de Catalunya (el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia) para que se pronunciaran sobre las pretensiones del Ejecutivo y el Legislativo catalanes, que buscan que el Tribunal Constitucional se declare incompetente para resolver el asunto del Estatut.
Todas las partes que han contestado hasta el momento, tales como la Abogacía, la comunidad de Murcia y el propio PP, defienden la legitimidad de los magistrados del TC para continuar con la tramitación de la sentencia del Estatut.
Según fuentes del órgano constitucional, el borrador de Casas asume con algunas modificaciones las mismas tesis que el que elaboró en su día la magistrada del "sector progresista" Elisa Pérez Vera -que fue rechazada por seis votos frente a cuatro- respecto a los aspectos más polémicos de la norma, tales como la inclusión del término 'nación' en el Preámbulo o los preceptos referidos al uso de la lengua catalana y la bilateralidad de las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado.
Fórmulas de voto
En previsión de que no pudiera alcanzarse el consenso necesario para aprobar su ponencia -que podría incluir 15 declaraciones de inconstitucionalidad y el sometimiento a interpretación de otros 24 preceptos- la presidenta del Tribunal se muestra dispuesta a someter su texto a una votación por bloques.
Su objetivo de lograr que haya sentencia antes del próximo verano, según manifestó ella misma hace unas semanas a un grupo de periodistas.
En principio, ninguno de los magistrados que deliberan sobre el estatut asunto es contrario a ir dictaminando sobre el borrador por bloques o incluso precepto por precepto, basándose en el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que señala que "la votación, a juicio del presidente (del tribunal), podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya de dictarse".
Casas se hizo cargo de la ponencia sobre la sentencia del Estatut el pasado 19 de mayo, después de que el anterior ponente, el vicepresidente de este órgano y magistrado del "bloque conservador", Guillermo Jiménez, retirara el texto que había elaborado antes de someterlo a votación.
Ese día, tras casi cuatro horas de debates, el Pleno del Tribunal Constitucional no llegó a votar el texto de Jiménez porque el magistrado optó por retirarlo ante la falta de apoyos mostrado por la gran mayoría de sus compañeros.
Su borrador preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación de otros tantos, además de criticar duramente el empleo del término "nación" en el Preámbulo de la norma.
Casas asumió la nueva redacción del texto con el fin de desatascar la situación creada tras el fracaso de los intentos anteriores para lograr una sentencia sobre el Estatut.
El primer borrador, el elaborado por Elisa Pérez-Vera, había sido rechazado el pasado 16 de abril por seis votos contra cuatro pese a sufrir hasta cuatro modificaciones desde su redacción inicial.