El pleno del Constitucional convocado por la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, ha concluido poco antes de las 14.00 horas y está previsto los diez magistrados vuelvan a reunirse mañana a las 10.30 horas
Durante el pleno de hoy no se ha entrado en el fondo del asunto, ya que el Constitucional debe resolver antes los recursos que la Generalitat y el Parlamento Catalanes interpusieron contra dos de las últimas decisiones del tribunal: la de no inhibirse en el asunto del Estatut y la de confirmar que Pablo Pérez Tremps, recusado por el PP, no podrá participar en la votación de la sentencia.
Aunque ambos recursos serán previsiblemente rechazados, las resoluciones en las que se contesta al Gobierno y a la Cámara autonómicos no serán notificadas este lunes.
En cualquier caso, el examen de estos recursos ha impedido, como se preveía, que el pleno abordara hoy las deliberaciones sobre el Estatut, a la espera de sentencia desde hace casi cuatro años, ya que el PP presentó el primer recurso contra esa norma en julio de 2006.
Resolución firme e irrecurrible sobre Pérez-Trems
El recurso relativo a Pérez-Trems fue interpuesto el pasado jueves por la Generalitat después de que el Constitucional rechazara su petición para volver a incluir a este magistrado, que fue apartado de la discusión de la sentencia sobre el Estatut instancias del PP, por haber realizado labores de asesoramiento para la redacción de los preceptos de la norma catalana relativos a las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea.
La Generalitat pide el reintegro de Pérez-Tremps con el fin de reforzar los apoyos progresistas al Estatut dentro del tribunal. En su escrito, argumentaba que, una vez que se ha planteado la votación de la sentencia artículo por artículo, no habría impedimentos para que este magistrado pudiera estar presente en la votación relativa a los preceptos que no se refieran a las relaciones exteriores del Govern.
En la providencia de rechazo, el Tribunal Constitucional ya señaló que la recusación de este magistrado, que se acordó en febrero de 2007, es "firme e irrecurrible", y que además la pretensión de la Generalitat no es plausible porque si Pérez-Tremps participa en la votación sobre algunos artículos recurridos del Estatut y sobre otros no se rompería "la unidad del proceso". Por todas estas razones, la súplica tiene muchas dificultades de éxito.
Declararse incompetente
En la sesión el Tribunal también rechazará previsiblemente el recurso de súplica presentado tanto por la Generalitat como por el Parlamento Catalán contra la decisión de éste órgano de no declarase incompetente.
La deliberación sobre este recurso se produce una vez ha concluido el plazo dado a la Abogacía del Estado, al Congreso, al Senado y a los siete recurrentes del Estatut de Catalunya (el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia) para que se pronunciaran sobre las pretensiones del Ejecutivo y el Legislativo catalanes, que buscan que el Tribunal Constitucional se declare incompetente para resolver el asunto del Estatut.
Todas las partes que han constestado hasta el momento, tales como la Abogacía, la comunidad de Murcia y el propio PP, defienden la legitimidad de los magistrados del TC para continuar con la tramitación de la sentencia del Estatut.
Votación por bloques para evitar el estancamiento
En previsión de que no pudiera alcanzarse el consenso necesario para aprobar su ponencia -que podría incluir 15 declaraciones de inconstitucionalidad y el sometimiento a interpretación de otros 24 preceptos- la presidenta del Tribunal se muestra dispuesta a someter su texto a una votación por bloques, pues su objetivo de lograr que haya sentencia antes del próximo verano, según manifestó ella misma hace unas semanas a un grupo de periodistas.
En principio, ninguno de los magistrados que deliberan sobre el Estatut es contrario a ir dictaminando sobre el borrador por bloques o incluso precepto por precepto, basándose en el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Casas se hizo cargo de la ponencia sobre la sentencia del Estatut el pasado 19 de mayo, después de que el anterior ponente, el vicepresidente de este órgano y magistrado del "bloque conservador", Guillermo Jiménez, retirara el texto que había elaborado antes de someterlo a votación.
Ese día, tras casi cuatro horas de debates, el Pleno del Tribunal Constitucional no llegó a votar el texto de Jiménez porque el magistrado optó por retirarlo ante la falta de apoyos mostrado por la gran mayoría de sus compañeros. Su borrador preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación de otros tantos, además de criticar duramente el empleo del término 'nación' en el Preámbulo de la norma.
Los magistrados han fracasado en un nuevo intento, el sexto ya, de sacar adelante una sentencia sobre el texto. La presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, se va a encargar de redactar un nuevo borrador.
Un acuerdo difícil
La fuerte división en bloques de los diez magistrados que discuten sobre el Estatut --queda fuera Pablo Pérez-Tremps y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo--, permite pronosticar una gran dificultad para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la tortuosa evolución que el recurso del PP ha tenido en el tribunal de garantías.
El séptimo borrrador será muy similar al último de los cinco que la primera ponente de la resolución sobre el Estatut, la progresista Elisa Pérez Vera, presentó al pleno, y que fue rechazado por seis votos a cuatro el pasado 16 de abril.
El borrador de Pérez-Vera fue apoyado, además de por su autora, por la presidenta del Tribunal y los magistrados de tendencia progresista Eugenio Gay y Pascual Sala, que podrían volver a ofrecer su apoyo a Casas en atención a la coincidencia de las tesis de ambas magistradas.
En contra de la "ponencia progresista" se manifestaron el vicepresidente Jiménez y los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón, todos ellos pertenecientes al "sector conservador" del órgano con excepción del último, quien pese a haber sido situado en el ala ideológica contraria ha venido manifestando serias discrepancias con algunos aspectos de la norma, como el relativo al significado del "término nación".