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Reino Unido y el Ulster se enfrentan a la verdad sobre el 'Domingo Sangriento' 38 años después

  • Este martes se publica el informe de la investigación oficial de los hechos

  • Según algunas filtraciones, soldados británicos dispararon "premeditadamente"

Ver tambiénBlog de la corresponsal de TVE en el Reino Unido, Anna Bosch

RTVE.es/AGENCIAS
4 min.

Exactamente 38 años son los que han tenido que esperar los familiares de las víctimas para poder contar con el informe que, al menos, arroje un poco de luz sobre qué ocurrió aquel 30 de enero de 1972 conocido como el Domingo Sangriento en el que murieron 14 civiles en Londonderry y que marcó un hito en la espiral de violencia del conflicto del Ulster.

El tan esperado texto se presentará este martes, después de que el juez instructor, Lord Saville de Newdigate, terminara sus investigaciones en 2004, tras escuchar los testimonios de 919 testigos, entre civiles, policías, soldados, políticos y ex miembros del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), el antiguo brazo paramilitar del Sinn Fein.

5.000 páginas de investigación

Estas indagaciones pretenden esclarecer lo sucedido cuando soldados británicos del Primer Regimiento de Paracaidistas dispararon contra una manifestación a favor de los derechos civiles en el barrio católico del Bogside.

El informe, de unas 5.000 páginas distribuidas en diez volúmenes, ha sido entregado este lunes al Gobierno de Londres, mientras que las familias, por una parte, y los soldados y los mandos militares involucrados, por otra, tendrán acceso a una copia horas antes de su publicación.

Sin embargo, algunos de los datos que se incluyen en el texto, no son del todo desconocidos ya que, a pesar del celo con el que se ha guardado el contenido del documento, algunas informaciones periodísticas han revelado estos días que en él se responsabilizan a varios soldados británicos de disparar "premeditadamente" contra civiles.

Si estas filtraciones se confirman, el juez Saville habrá dado la razón a los familiares de los fallecidos, que siempre han sostenido que algunos de los soldados tiraron a matar contra civiles desarmados que no tenían vinculación alguna con el IRA Oficial o el IRA Provisional, las dos facciones republicanas con presencia en Derry.

Según comenta en su blog la corresponsal de TVE en el Reino Unido, Anna Bosch, en este caso se abrirán numerosas incógnitas, entre las ellas estas: ¿Recomendará que se juzgue a los soldados que dispararon a matar  ilegalmente? ¿Tendrán esos soldados en ese caso derecho a acogerese a la  amnistía de los acuerdos de paz que excarceló a los condenados por  terrorismo de los dos bandos?

Largos años de silencio

La primera investigación oficial, de la que se ocupó lord Widgery en 1972, ya reveló que cuatro de las víctimas, que no representaban un riesgo para los soldados, fueron tiroteadas por la espalda cuando trataban de escapar.

No obstante, el juez exoneró a los militares al indicar que el IRA Oficial abrió primero fuego contra los soldados y que éstos abatieron después a los civiles por error.

De esa forma el asunto quedó zanjado hasta que en 1998 el entonces primer ministro británico, el laborista Tony Blair, ordenó una nueva investigación ante la presión ejercida por los familiares de las víctimas.

Entre los personajes que han prestado declaración figuran Edward Heath, primer ministro británico en 1972, así como altos cargos del Ejército británico y del IRA, entre éstos el ex comandante Martin McGuinness, actual viceprimer ministro del Gobierno autónomo norirlandés.

McGuinness, segundo del IRA Provisional en Londonderry por aquellos años, ha asegurado repetidamente que ninguno de sus hombres respondieron a la agresión.

Sin embargo, la escalada de violencia que siguió a aquel suceso acabaría por convertir a los miembros de las fuerzas de seguridad en "objetivos legítimos" para los republicanos.

Durante el conflicto en Irlanda del Norte,  más de 300 agentes del orden murieron como consecuencia de la violencia republicana, hasta que el propio McGuinness, actual número dos del Sinn Fein, y su presidente, Gerry Adams, anunciaron en 2005 el fin de la lucha armada.

Se calcula que el coste de la investigación de Saville se ha disparado hasta más de 130 millones de libras (unos 150 millones de euros), lo que la convierte en la más cara de la historia judicial británica.

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