Hubo juicios injustos en al menos 55 países: representan el 35% del total de países y el 47% son del G-20. La premio Nobel de la Paz birmana, Aung San Suu Kyi, fue víctima de uno de esos juicios injustos ante un tribunal de la prisión de Insein, en Yangón. Fue condenada a otros 18 meses de reclusión domiciliaria a raíz de la visita de un estadounidense que a rimeros de mayo consiguió llegar a nado hasta su casa y pasó dos noches en ellas.
Hay presos y presas de conciencia recluidos en al menos 48 países: representan el 30% de todos los países y el 42% pertenecerían al G-20. En Myanmar, por ejemplo, antes del 11 de agosto, había 2.100 personas recluidas por motivos políticos.
La libertad de expresión se encuentra restringida en al menos 96 países: representan el 60% de todos los países, de los cuales, el 53% son del G-20. China, Irán, Túnez y Marruecos, siguen siendo, entre otros, los grandes castigadores de la libertad de expresión.
Hubo personas torturadas o sometidas a malos tratos durante el interrogatorio en al menos 111 países: el final del programa de detenciones secretas de la CIA ha sido acogido con satisfacción, aunque el centro de Guantánamo permanece abierto, a pesar de la promesa electoral del presidente Obama.
Al finalizar 2009, 110 Estados habían ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: todavía a 81 países que no lo han ratificado, de los cuales, 7 pertenecen al G-20. Uno de ellos es EE.UU.
Dos tercios de las víctimas de abusos de derechos humanos se encuentran en ámbitos de pobreza: el contienente europeo sigue siendo el oasis de los derechos humanos en el mundo, con una arquitectura regional sin comparación en el resto del mundo.
Alrededor de 500.000 mujeres han muerto por complicaciones relacionadas con el embarazo: en todos los países, incluso en los que gozaban de un alto nivel de ingresos, como Canadá y Estados Unidos, las mujeres ya de por sí marginadas, como las indígenas y las afroamericanas, eran las que corrían un peligro mayor de morir por complicaciones surgidas durante el embarazo o el parto, situación que en EE.UU. permanecía invariable desde hacía 25 años.
Los cinco logros
Condena a un jefe de Estado: la que se puede considerar como un éxito ha sido la del ex presidente peruano, Alberto Fujimori, que ya cumple su pena de 25 años de cárcel.
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró nula y sin efecto la amnistía promulgada para garantizar impunidad a los autores de violaciones graves de derechos humanos a finales de la década de 1980 por considerar que no se ajustaba a las obligaciones contraídas por Uruguay en virtud del derecho internacional.
Concluyeron todos los juicios ante el Tribunal Especial para Sierra Leona salvo el del ex presidente de Liberia, Charles Taylor, que seguía en curso.
Uno de los jefes tristemente célebres del Jemer Rojo en Camboya fue juzgado finalmente por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos más de 30 años atrás. Se calcula que 14.000 personas habían sido víctimas de tortura y posterior homicidio entre abril de 1975 y enero de 1979 mientras Kaing Guek Eav dirigía la Oficina de Seguridad S-21.
Kenia conmutó 4.000 condenas a muerte por penas de prisión; Japón suspendió las ejecuciones y Burundi y Togo la abolieron.
Los cinco fracasos
El Consejo de Seguridad de la ONU no intervinó en el conflicto de Sri Lanka, en el que, según las fuentes, murieron de 7.000 a 20.000 personas. Al finalizar el año no se había procesado a nadie a pesar de que existían nuevas pruebas sobre crímenes de guerra y otros abusos.
El centro de detención de Guantánamo, pese a la promesa electoral de Barack Obama, sigue abierto y apenas se ha avanzado en la exigencia de responsabilidades penales por las violaciones de derechos humanos cometidas allí o en erelación con los demás aspectos de la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos.
La violenta represión del gobierno chino contra la comunidad uigur en Urumqi. China restringió el acceso a la información, detuvo a manifestantes no violentos y puso en marcha juicios rápidos y sin garantías en los que muchas personas fueron condenadas a muerte, 9 de ellas ejecutas a los pocos meses de los sucesos.
Ni Rusia ni Georgia han procesado a nadie por las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en el conflicto de 2008. Además, 26.000 personas siguen sin poder volver a sus hogares.