El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha señalado este miércoles que las medidas propuestas por el Gobierno para acelerar la reducción del déficit público van en la línea de las que pedían los empresarios "desde hace tiempo", pero ha lamentado que "no se hayan tomado antes".
Díaz Ferrán ha explicado además que las iniciativas para contener el gasto público tienen que ir "acompañadas" con otras medidas como la externalización de la gestión de servicios públicos, o las privatizaciones y liberalizaciones pendientes.
Todo ello, ha continuado el presidente de la patronal, compatible con las reformas estructurales "urgentes" que desde "hace tiempo" reclama la CEOE, como la del mercado de trabajo que, según ha subrayado, "tiene que ser global y profunda".
En cuanto a la previsión de reducir en 6.045 millones de euros la inversión pública estatal entre 2010 y 2011, el presidente de CEOE se pregunta de dónde saldrá tal recorte, ya que "las obras ya están concursadas y muchas en marcha".
Por su parte, la patronal catalana Fomento del Trabajo ha calificado como positivas las medidas anunciadas por Zapatero, aunque explica que estas medidas son de carácter coyuntural y, por eso, reitera la necesidad de reforzarlas con la aplicación de las reformas estructurales pendientes.
Preocupados por el recorte de inversión
La patronal catalana también ha expresado su preocupación por los efectos que puede tener el recorte de la inversión pública. Según un comunicado de Fomento, con la reducción del gasto del pasado mes de marzo la inversión pública ya sufrió una fuerte corrección y expresa su preocupación por el anuncio de un recorte de 6.045 millones de euros en la inversión pública estatal entre 2010 y 2011.
También la patronal de los constructores CNC ha mostrado su preocupación por el recorte de la inversión anunciado y, sobre todo, les "preocupa de un modo singular" lo que pueda afectar al capítulo de las infraestructuras.
Para esta organización, el ajuste de 1.760 millones de euros aplicado ya a los presupuestos de Fomento para el año 2010 "es suficiente", por lo que piden que el nuevo recorte no afecte a asuntos de infraestructuras, sino a otros campos de la inversión pública. Así, reiteran su esperanza en que no toque a la obra civil ni al Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), presentado recientemente por el Gobierno, que pretende licitar obras por 17.000 millones mediante la colaboración público-privada.
Los mayores, los más afectados
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha denunciando que los más desfavorecidos serán los que alivien el déficit público, en especial los mayores y las personas en situación de dependencia.
En alusión al anuncio del presidente del Gobierno de congelar las pensiones contributivas, esta organización recuerda que están "muy por debajo de las de los países del entorno y esta realidad sitúa a muchos de nuestros mayores muy cerca del umbral de la pobreza".
La ley de dependencia "también va a costear la crisis", señala CEOMA, ya que el Gobierno suprimirá la retroactividad en el pago de las prestaciones desde su solicitud, estableciéndose que no se demorará más de seis meses el pago de las mismas. "Desde CEOMA nos cuestionamos: ¿cómo va a ser posible que se resuelvan los expedientes en menos de seis meses si no prevé mayor dotación económica para la ley de dependencia?".
Añade que, una vez más, son las personas mayores y las que están en situación de dependencia las que sufrirán "la terrible crisis que nos afecta; en ningún caso puede argumentarse que estos ciudadanos son insolidarios con el resto de la sociedad, ya que ellos también se ven afectados por las medidas genéricas impuestas por el Gobierno, como la subida del IVA prevista para julio".
Subir impuestos a los beneficios empresariales
Por su parte, el presidente de Facua-Consumidores en Acción, Francisco Sánchez Legrán, ha pedido una mayor presión fiscal sobre el beneficio de las empresas para ajustar las cuentas públicas y ha asegurado que con las medidas de Zapatero "la crisis la pagan parte de los funcionarios, pensionistas y dependientes".
Sánchez Legrán califica de "razonables" algunas de esas medidas, pero considera que "sólo se podrían entender si antes, a las empresas que ganan dinero en este país, algunas gracias a la crisis, se les exige" un esfuerzo impositivo. "Un importante número de empresarios está ganando mucho dinero y se debería haber aplicado un aumento de la presión fiscal a los beneficios de las empresas de manera proporcional, de manera que a más beneficio, más aportación de impuestos", ha afirmado el presidente de Facua.
Prohibir la especulación y reducir la economía sumergida
En esa misma dirección apuntan las recomendaciones de la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que critica los recortes del Gobierno porque "aprietan el cinturón" a pensionistas y empleados públicos, en vez de regular la especulación de los mercados financieros y los paraísos fiscales.
En un comunicado, el presidente de Gestha, José María Mollinedo, presenta como alternativas que se reduzca la economía sumergida española del 23% al 10% de la media europea, ya que eso supondría un ingreso para el Estado de 38.000 millones de euros.
Gestha aboga por la prohibición de los movimientos especulativos y de las ventas en descubierto contra la deuda pública española y el euro en los mercados financieros, ya que supone un sobrecoste en la financiación del Estado de 1.403 millones de euros.
También demanda que se recupere el Impuesto de Patrimonio sobre las grandes fortunas, puesto que 47.614 contribuyentes con patrimonios individuales netos superiores a 1,5 millones de euros podrían aportar 1.240 millones de euros.
Otras propuestas de Gestha son que se eleve la tarifa del Impuesto sobre la Renta a los ingresos superiores a 600.000 euros -se recaudarían 320 millones anuales- y que se eliminen las ventajas de las rentas del ahorro a las ganancias patrimoniales especulativas y de los extranjeros residentes con ingresos de hasta 600.000 euros anuales.
Los guardias civiles, en contra
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) está "radicalmente en contra" del recorte del sueldo de los empleados públicos y considera que hay otras alternativas para reducir gastos en el Cuerpo, que, recalca, tiene los salarios "más bajos" de la Administración del Estado.
En un comunicado, esta asociación anuncia que en los próximos días presentará al Gobierno una propuesta "rigurosa" para reducir gastos en la Guardia Civil sin recurrir a un recorte salarial. También se muestra decidida a apoyar cuantas iniciativas desplieguen los sindicatos en contra de esta política económica.
"Esta indiscriminada decisión es la más fácil, pero no la forma más eficaz de reducción del gasto público. Y en la Guardia Civil ello es muy patente. Cuando el Gobierno de Zapatero llego al poder había 17 generales en la Guardia Civil, ahora son 37 y, de ellos, cinco son tenientes generales", señala AUGC.
Por ello, AUGC reclama al Gobierno que se comprometa a acometer un recorte de "gastos innecesarios" y reducir el número de altos cargos del Ministerio del Interior y altos mandos de la Guardia Civil.
Inútil cambio de envases farmacéuticos
Sobre las medidas de ahorro farmacéutico anunciadas (adecuar el contenido de los envases de los fármacos a la duración media de los tratamientos y su dispensación en unidosis), la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha aclarado que los envases de los fármacos, siguiendo las indicaciones de la Agencia Española del Medicamento, contienen el tratamiento medio mínimo necesario destinado a ser efectivo contra las patologías para las que es prescrito.
La patronal farmacéutica ha recordado que en 2004 ya hubo una experiencia sobre unidosis con antibióticos en diferentes comunidades autónomas que se saldó con un "rotundo fracaso", pues la prescripción de los médicos se correspondía exactamente con los envases comercializados.
Respecto a la bajada de precios de medicamentos no sometidos a precios de referencia, FEFE ha expresado que este tipo de medidas ya ha demostrado su "ineficacia anteriormente", puesto que este Gobierno ya aplicó una rebaja lineal de precios en el primer Plan Estratégico. "Esto demuestra, una vez más, la falta de imaginación y la reiteración en el error del Gobierno, al actuar sólo sobre la oferta y los precios y no sobre la demanda", ha aseverado la patronal.
Por su parte, la patronal del sector, Farmaindustria, ha mostrado su "total oposición" a la nueva revisión del precio de los medicamentos porque, ha advertido, "truncará" el desarrollo de la investigación en España. Estas medidas se traducirán en "cuantiosas pérdidas de empleo, cierre de centros de investigación y de plantas productivas y deslocalización de compañías".
"Éste puede ser un punto de no retorno para la innovación", aventura la industria farmacéutica, para quien "carece de coherencia que se quiera atajar el déficit público poniendo en recesión al sector que representa más del 20% de la I+D industrial". "No se comprende que haya un discurso público en favor de la innovación y que el sector más innovador tenga que asumir un porcentaje tan desproporcionado de los sacrificios que el Gobierno demanda", asevera.
La industria farmacéutica lamenta que, "una vez más, todo el peso de los ajustes" realizados en materia sanitaria recaiga sobre ella y los precios de los medicamentos, cuando no se actúa sobre las "múltiples ineficiencias" del sistema.
Austeridad política
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha criticado que las medidas anunciadas por el Gobierno para acelerar la reducción del déficit afecten "principalmente a los ciudadanos y no den ejemplo de austeridad política". Para esta asociación, el Gobierno "no puede trasladar la mala gestión de la crisis a la sociedad".
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha asegurado que no se puede pedir sacrificio mientras que no se tomen medidas que den ejemplo, en alusión al recorte de Ministerios, altos cargos y asesores, que -en su opinión- han generado un déficit estructural. Según Amor, los ciudadanos, las empresas y los autónomos ya se han apretado el cinturón, por lo que ha exigido al Gobierno que "predique con el ejemplo" y acabe con el despilfarro en la administración y organismos públicos.
Ahora, la reforma laboral
En el lado opuesto se sitúan las Cámaras de Comercio, que consideran "bien orientadas" las medidas del Gobierno. Según explican en un comunicado, la "difícil" situación por la que atraviesa España requería esta "decidida y drástica" intervención de ajuste para salir lo antes posible de la crisis y recuperar la confianza.
Por ello, las Cámaras proponen que las medidas anunciadas por Zapatero se "complementen" con una "urgente" reforma del mercado laboral, que debe "plasmarse" en el plazo marcado por el Gobierno, es decir, al final de este mes.