El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha solicitado en un auto este miércoles al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que le facilite toda la información de la que disponga sobre la identicad de personas, empresas o bufetes de abogados que participaron como intermediarios en el pago del rescate que permitió la liberación el pesquero 'Alakrana'.
Pedraz, que investiga el pago del supuesto rescate, ha adoptado esta resolución a instancias del fiscal Jesús Alonso, que le solicitó este martes que se dirigiera a los servicios secretos para preguntarles la identidad de las personas que pudieron participar en esta maniobra "pagando o colaborando con estructuras u organizaciones dedicadas a la piratería".
En diciembre pasado el CNI se negó a facilitar esta información al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 alegando que se trataba de información confidencial, por lo que debía ser desclasificada previamente por el Consejo de Ministros. En el marco de la instrucción, la Policía remitió durante la última semana de enero un informe al juez en el que se descartaba que el armador del atunero 'Alakrana', Kepa Echebarría, abonara un rescate, que los propios piratas elevaron a 2,7 millones de euros.
Según publicaron algunos medios, durante su declaración ante el juez, Etxebarría aseguró que el peso de la negociación con los piratas recayó sobre un misterioso personaje que dijo llamarse 'Pepe' y que no pudo especificar si pertenecía a los servicios de inteligencia.
La tripulación se someteran a exámenes forenses
En la otra causa, la que se sigue contra los presuntos piratas Cabdullahi Cabdiwily, alias 'Abdu Willy', y Raageggesey Hassan Adji, el juez Pedraz ha ordenado que los 16 tripulantes españoles del barco sean sometidos a exámenes forenses para determinar los daños psicológicos y físicos que sufrieron durante su cautiverio frente a las costas de Somalia, a instancias de cuatro marineros.
Los tripulantes también solicitaron al juez que requiera un informe policial sobre la pertenencia de los dos supuestos piratas procesados a un grupo de carácter terrorista, ya que de confirmarse este extremo cobrarían las indemnizaciones según los establecido en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Algo que ha declinado el juez que da por bueno el informe que le remitió la Policía y que ya consta en esta causa.
Los dos somalíes serán juzgados por 36 delitos de detención ilegal, uno por cada uno de los tripulantes del pesquero secuestrado, y robo con violencia y uso de armas, por los que podrían ser condenados a penas de entre 219 años y medio y 365 años de cárcel.
El juez Santiago Pedraz, a instancias de la Fiscalía, optó por no imputarles ningún delito de terrorismo a pesar de que Baltasar Garzón, que le sustituyó en los primeros días de la instrucción, les atribuyó indiciariamente su pertenencia a un grupo denominado 'Burcad Badeed', cuya traducción literal es 'Los que roban en el mar'.