La juez de Sigüenza ha dictado este miércoles un auto en el que dispone procesar a 20 de los 29 imputados por el incendio en el que en 2005 murieron 11 personas, y son los mismos 20 ya procesados en mayo de 2009 en una resolución que luego fue dejada sin efecto por una cuestión de forma.
Entre los procesados, están la entonces consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha -quien dimitió días después del incendio-, Rosario Arévalo, y el entonces director general castellanomanchego del Medio Natural, José Ignacio Nicolás.
“Las familias de ocho de las víctimas están satisfechas“
El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta recurrirán el auto. El despacho de abogados que representa a ocho de las familias de las once víctimas mortales ha señalado que están "conformes" y "satisfechos" y ha anunciado que no recurrirán.
En el auto, la juez única de Sigüenza e instructora del caso, María del Mar Lorenzo, tipifica los hechos de los 20 procesados como delitos de incendio forestal por imprudencia grave, y añade para ocho de ellos delitos contra la seguridad de los trabajadores y para siete de éstos delitos de homicidio por imprudencia profesional.
La juez mantiene la libertad sin fianza para los veinte procesados.
Procedimiento sumario y no abreviado
La juez ha dictado asimismo un segundo auto, por el cual sobresee la causa respecto a los otros nueve imputados, en su mayoría excursionistas que prendieron el fuego en la barbacoa próxima a la cueva de los Casares en la que se originó el incendio, aunque tres de ellos sí están procesados.
El 13 de noviembre de 2009, la juez dejó sin efecto el auto que ella dictó en mayo debido a que había llevado el caso por un procedimiento abreviado en vez de sumario.
En octubre la Audiencia Provincial de Guadalajara le instó -a petición de la fiscalía- a que llevara el caso por el procedimiento sumario porque había solicitudes de pena superiores a nueve años. Así, el juicio tendrá lugar en la Audiencia Provincial y no en el juzgado de Sigüenza.
Otros cargos políticos procesados son el entonces delegado provincial de Medio Ambiente, Sergio David González; el director del parque natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz; el alcalde de Riba de Saelices entre 1999 y 2003 -cuando se hicieron obras en la barbacoa-, Hipólito Sebastián, y el alcalde en 2005, José Luis Samper.
Siete procesados son técnicos de los servicios de emergencias y de medio ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, a quienes la juez achaca un tipo delictivo de homicidio por imprudencia profesional, así como un delito contra la seguridad de los trabajadores, ya que los 11 fallecidos eran miembros de un retén de extinción de incendios.
A un técnico de la empresa pública estatal Tragsa también le atribuye la juez ese delito contra la seguridad laboral.
Una catástrofe natural y humana
El resto de procesados (al igual que los políticos, sólo por la imprudencia grave) son el secretario municipal de Riba de Saelices y los representantes legales de las empresas Servicios y Proyectos Avanzados (SPA) y Helicópteros del Sureste.
En la fundamentación jurídica del procesamiento, la juez hace hincapié, citando diversa jurisprudencia, en que su calificación de los hechos es provisional y que serán las partes las que eleven a definitivas las calificaciones, sin óbice para ampliar las acusaciones.
En el incendio en julio de 2005 murieron 11 personas, quedó otra con lesiones graves -el único superviviente del retén- y ardieron 12.875 hectáreas, "una de las mayores catástrofes naturales de la historia de nuestro país", según recuerda la juez instructora al concluir su relato de los hechos.