Obama ha decidido hacer borrón y cuenta nueva para cerrar la crisis en Honduras. Estados Unidos aceptará el resultado de las elecciones que se celebran este domingo, aunque el depuesto presidente, Manuel Zelaya, no haya sido restituido en el poder.
No obstante, Washington no da carta blanca a los comicios. Ha enviado observadores internaciones para garantizar su limpieza e insiste -sólo formalmente- en la necesidad de formar un gobierno de unidad nacional que garantice el relevo.
Un compromiso para solucionar el embrollo
Sin embargo, Estados Unidos ya no considera ese gobierno de unidad nacional como condición necesaria, a pesar de que figura explícitamente en el acuerdo Tegucigalpa-San José. Ocho puntos auspiciados por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que exigen además que el Congreso vote la restitución de Zelaya.
La salida del embrollo pasa por interpretar pragmáticamente lo firmado. El acuerdo no pone fecha a esa votación del Congreso. Washington se da por satisfecho con el calendario que finalmente se ha pergeñado. El Legislativo decidirá si devuelve el poder a Zelaya tres días después de las elecciones, el próximo 2 de diciembre.
Pero Washington no ha conseguido la mayor: que el presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, abandonara el poder. En su lugar, ha optado por una solución de compromiso. Las presiones estadounidenses han conseguido que Micheletti desaparezca del mapa para no interferir en las elecciones. No volverá hasta la votación del Congreso. Entretanto, el consejo de Ministros asume sus funciones.
Lula a la cabeza de los críticos
Todos estos cambalaches no satisfacen a varios países latinoamericanos. En particular, la solución ha enfrentado públicamente a Obama con su homólogo brasileño, Lula da Silva. Brasil, en cuya embajada se refugia el presidente depuesto, ha avanzado que no aceptará el resultado de las elecciones.
Tampoco lo harán Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador y Nicaragua. Siguen insistiendo en que Zelaya sea repuesto como presidente de Honduras. La división es patente en el seno de la Organización de Estados Americanos.
En todo caso conviene recordar que las elecciones en Honduras siguen el calendario previsto antes del golpe de Estado que derrocó a Zelaya. Es cierto que Zelaya pretendía repetir mandato, algo que prohibe la Constitución, y es verdad que la Carta Magna hondureña permite destituir al presidente en este caso. Pero no a punta de pistola. El resultado es que el país vive desde hace cinco meses con dos presidentes: el depuesto y el de facto.