John Allen Muhamad ha sido ejecutado en Virginia a las nueve de la noche, tres de la madrugada en la Península. Ha recibido una inyección letal: un sedante, un relajante muscular para que dejara de respirar y una dosis de cloruro potásico que le ha parado el corazón.
Su muerte se ha certificado once minutos después. Causa: homicidio.
Según el portavoz de la prisión de Greensville, Larry Traylor, no ha habido complicaciones y la ejecución ha sido "muy normal". Muhamad ha llegado a la sala por su propio pie, no ha pronunciado palabra y ha seguido el proceso sin manifestar emoción alguna.
En 2002, Muhamad, conocido como "el francotirador del DC" o "el asesino del Tarot", asesinó a 10 personas durante una carnicería que se prolongó tres semanas. No seguía patrón alguno. Mataba a sus víctimas con un rifle. Disparaba oculto en un coche. Su cómplice cumple cadena perpetua.
Virginia y Texas a la cabeza
A diferencia de lo que retratan las películas, no se ha manifestado nadie en contra de la ejecución a las puertas de la cárcel. Los medios han cubierto la noticia con entrevistas y fotos de los familiares de las víctimas de Allen Muhamad.
Mucho más desapercibida ha pasado la ejecución del cubano Yovanis Valle en Texas. También ha sido por inyección letal. Valle fue declarado culpable del asesinato de un narcotraficante en 1999. Ha pedido perdón a los familiares de su víctima antes de morir.
Texas ostenta el récord de ejecuciones, 443. Virginia le va a la zaga con 104. Desde que se reimplantó la pena capital en 1976, Estados Unidos ha ejecutado a 1.180 condenados, 44 este mismo año.
La población respalda la pena capital
La pena de muerte resulta cara al contribuyente. Un reo sale por 250 millones de dólares en California. 2,3 millones en Texas, el triple de lo que cuesta encerrar a un convicto en una prisión de alta seguridad.
Además, el castigo no evita el crimen. El 88% de los criminólogos considera que no sirve como escarmiento. El 80% de las ejecuciones tiene lugar en los estados del Sur, cuya tasa de asesinatos supera en un punto la media nacional.
A pesar de estos datos, la mayoría de los estadounidenses siguen apoyando la pena capital. El 65% según una encuesta de Gallup. Con todo, el porcentaje es sensiblemente menor que el 80% que se registraba en 1994 y las ejecuciones han ido disminuyendo.
Matar a un inocente es irreparable
Los argumentos morales apenas hacen mella en Estados Unidos. La abolición de la pena de muerte no está en la agenda política. Periódicamente, salta a los medios la crueldad y barbarie del castigo. El último caso ha ocurrido en Ohio. Los verdugos intentaron durante dos horas encontrar una vena para ajusticiar a Romell Broom, condenado por violar y asesinar a una niña de 14 años.
Sin embargo, el argumento más sólido en contra de la pena capital está en la posibilidad de ejecutar a un inocente. 130 personas han salido del corredor de la muerte después de que se presentaran pruebas a su favor. A resultas de ello, algunos estados, como Illinois, las han suspendido indefinidamente.
El caso de Cameron Todd Willingham, ajusticiado en Texas por prender fuego a su casa y matar a sus tres hijos, ha puesto en cuestión la seguridad del sistema. Willingham fue condenado gracias al testimonio de los peritos, que concluyeron que el incendio fue intencionado. El mayor experto en esta cuestión, Gerald Hurst, demostró que su informe era un compendio de prejuicios y errores. No sirvió para parar la ejecución.