El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, podría volver a su país si el Congreso le amnistía, según ha declarado el portavoz del Tribunal Supremo, Danilo Izaguirre. El Ejército detuvo a Zelaya y le expulsó a Costa Rica el pasado 28 de junio, argumentando la existencia de una orden judicial emitida contra él.
Tras la expulsión, que trataba de evitar la celebración de una consulta para una reforma constitucional que le permitiera optar a un segundo mandato, el Congreso eligió como presidente a Roberto Micheletti, con el apoyo de todos los grupos políticos.
El pasado fin de semana, Zelaya intentó regresar a Honduras junto a una delegación de la Organización de Estados Americanos, pero su avión se vio obligado de desviarse a El Salvador ante la negativa de las autoridades golpistas de dejarle aterrizar.
Los golpistas piden su detención preventiva
En cualquier caso, parece improbable que las nuevas autoridades hondureñas permitan su regreso al país. Por el momento, han solicitado, sin éxito, que Interpol publique una "notificación roja" sobre Zelaya, lo que supondría lanzar una petición de "detención preventiva con vistas a su extradición".
Dicha solicitud atenta contra el artículo 3 de la organización, en virtud del cual queda "rigurosamente prohibida a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial", ha señalado Interpol en un comunicado. "Los delitos de 'abuso de autoridad, usurpación de funciones, ofensas contra el Gobierno y traición' que se imputan al presidente Zelaya son de carácter político y no presentan ningún elemento de derecho común", agrega la organización con sede en Lyon.
Interpol resalta además que, según los medios, "las autoridades hondureñas impidieron que un avión en el que viajaba el presidente Zelaya aterrizara en el aeropuerto de Tegucigalpa, donde hubieran podido aplicar una orden de detención nacional". "Si dicha información es exacta y las autoridades nacionales se abstuvieron deliberadamente de practicar la detención en su propio territorio, eso también vendría a demostrar la existencia de motivos distintos a la defensa de la cooperación policial internacional", concluye el comunicado.