El dictamen del Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) remitido al Ministerio de Juticia califica el aborto como "un mal" y señala que "no pude hablarse de derecho al aborto", pues eso "supondría el reconocimiento del derecho a eliminar a un ser humano distinto de la madre y titular del derecho a la vida humana".
El texto, aprobado anoche por la mayoría conservadora con seis votos a favor y cinco en contra, apunta que los artículos 12 y 14 del anteproyecto del Gobierno -que recogen la garantía de acceso al aborto y éste a petición de la mujer- "deben considerarse como normas inconstitucionales" y basa su dictamen en una sentencia de Tribunal Consitucional de 1985.
La discrepancia, según sostienen, radica en la "desprotección del nasciturus" y en que el Estado "debe abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación y establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma".
Con todo, reiteran que la despenalización "no puede convertirse en derecho" y que el aborto "sigue siendo un mal, pues supone la privación de la vida del nasciturus". "Dicho valor cede ante situaciones extremas. Pero, en puridad, no puede hablarse de un derecho al aborto", apuntan.
El sector progresista envía su dictamen favorable
Por su parte, los fiscales que no votaron a favor este texto, entre los que se encuentra el Fiscal General del Estado, Cádido Conde-Pumpido, emitieron un segundo dictamen también enviado a Justicia, en el que señalan que en el anteproyecto "no se habla de un derecho al aborto", sino del "reconocimiento y garantía" en el acceso al aborto.
En cualquier caso, consideran que en el aborto aparecen "dos bienes jurídicos" y, por ello, al mencionar el texto del Gobierno los derechos fundamentales de la mujer como objeto de protección preferente en la aplicación de la ley, señalan que la regla "presenta cierto desenfoque en el terreno de la ponderación de intereses".
"Una norma jurídica que pretenda solventar la colisión descrita por el Tribunal Constitucional de modo general, sistemático y automático a favor de los derechos fundamentales de la mujer en perjuicio del otro objeto de protección encajaría con dificultad en la doctrina expuesta", recoge el informe de los fiscales progresistas y pide que se modifique la redacción del artículo 12.
Sobre el plazo de semanas, el dictamen minoritario dice que "se echa de menos una mínima explicación acerca de las razones por las que se ha optado por las 14 semanas".
Interrupción por causas médicas
Sobre las interrupciones por causas médicas, el Consejo Fiscal al completo considera que la introducción de un límite temporal de 22 semanas "aportará, como mínimo, una mayor seguridad jurídica".
Sin embargo, el dictamen mayoritario apunta que estos supuestos, aún habiendose considerado constitucionales, chocan con la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU porque la despenalización del aborto en caso de discapacidad podría constituir "un trato desigual por motivos de discapacidad".
Sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo sin límite temporal cuando el feto padezca "una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico", todos los fiscales coinciden en el problema es que "la norma no concreta demasiado ni la entidad ni la extensión de la esperanza de vida humana independiente que pondría límite a la aplicación del supuesto".
Consenso sobre informar a los padres en caso de menores
También ha habido consenso, salvo en cuestiones formales, para defender que se informe a los padres cuya hija menor de 18 años vaya interrumpir voluntariamente su embarazo para que así puedan ejercer su derecho a la patria potestad. Todos los fiscales apuestan en este sentido por acudir "a la solución intermedia".
Los conservadores apuestan por que los padres "deban ser informados de la situación de su hija, y su opinión sea tenida en cuenta para la toma de la decisión por quien corresponde: la menor misma".
En torno a las penas, los fiscales no consideran "razonable" que reciba el mismo castigo una mujer que aborta excediendo en unos días las 14 semanas que una que lo hace en las últimas semanas del embarazo.